La Fundación Internacional Olof Palme y Fedea reunieron en S'Agaró hace unas semanas a un grupo de expertos sobre Hacienda pública de posiciones muy variadas y varios representantes políticos para hablar de la reforma de la financiación autonómica. A pesar de las diferencias, los presentes lograron pactar decálogo con las líneas generales de la reforma, entre las que se encuentra la revisión del cupo vasco, el desmantelamiento del Fondo Liquidez Autonómico (FLA) y la creación de una hucha para las CC.AA., similar a la de la Seguridad Social.
Todos están de acuerdo en que hay que revisar el cupo vasco. Creen que los tratamientos particulares pueden ser admisibles solo si no implican privilegios económicos. Es decir, que no cuestionan los sistemas forales en sí, pero sí ven necesario revisar el cálculo del cupo y la aportación que pagan estos territorios para que los resultados de estas dos comunidades se acerquen cada vez más a las del régimen común. Sería una forma de respetar su sistema actual, pero reduciendo las diferencias, que ahora con muy importantes.
De hecho, en paralelo proponen avanzar en la creación de una administración tributaria integrada y compartida entre el Gobierno y las comunidades. Ésta es una propuesta que ya había planteado Fedea tras una revisión de las experiencias en tres países con una elevada descentralización fiscal como España (Canadá, Alemania y Estados Unidos) y otros como Suecia, con un sistema político unitario, pero con amplias competencias locales. Este modelo está a medio camino de dos alternativas muy distintas: una administración única que dependa únicamente del gobierno central y múltiples administraciones independientes.
Hacer desaparecer el FLA poco a poco y crear una 'hucha' para las comunidades
Otro de los asuntos en los que han logrado ponerse de acuerdo los expertos es en que el FLA debería desaparecer progresivamente, puesto que genera muchas distorsiones entre las comunidades autónomas y limita su autonomía. Sin embargo, hay diferencias sobre si Hacienda debería condonar parte de la deuda que ha sido financiada por el Estado. La mitad de los expertos defiende al menos algún tipo de reestructuación, pero la otra mitad se opone tajantemente porque exacerbaría aún más los graves problemas de riesgo moral que ya sufre el sistema de financiación.
Una propuesta interesante en la que están casi todos de acuerdo es la creación de un Fondo de Estabilización para ayudar a ahorrar a las comunidades en las épocas de bonanza económica para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales en las situaciones de crisis. Una 'hucha' para las comunidades similar a la que existe actualmente para las pensiones y que ha permitido garantizar las prestaciones en los últimos años.
El grupo de expertos y políticos propone también la creación de un sistema más sencillo y transparente y unos criterios claros de reparto que se apliquen sin excepciones ni correcciones. De esta forma, Cataluña podría saber con precisión lo que recibe y aporta Andalucía y viceversa. Además, se pretenden conseguir un reparto de la financiación por habitante mucho más igualitario que el actual. "Menos desigualdad y menos broncas entre las comunidades", justifican.
Más autonomía con los ingresos y más control en el gasto
Asimismo, apuestan por dar a las comunidades mayor autonomía para controlar sus ingresos y por exigirles, al mismo tiempo, más control sobre sus gastos. Y si alguna necesita o quiere más recursos, podría subir los impuestos asumiendo el coste político de pedir este esfuerzo a los ciudadanos. Además, habría que introducir algún mecanismo que ayude a mantener cierto equilibrio en el reparto de recursos entre el Gobierno y las regiones.
En cualquier caso, los expertos creen que lo más importante es generar debate porque es una reforma de la que se habla poco y que el Gobierno tendrá que abordar sí o sí esta legislatura. La aplazó en su anterior etapa de Gobierno por falta de fondos, pero la situación ha cambiado y las comunidades no van a dejar que pasen otros cuatro años sin abordarla.
