Desmontando mitos. El fraude eléctrico cometido por aquellos usuarios que realizan enganches ilegales para robar la electricidad y no pagar la factura se ha extendido en los últimos años entre las empresas y los hogares pudientes con altos niveles de consumo, pero no entre las familias más pobres. Según los datos que manejan tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como Endesa, sólo el 1% de este fraude, que en 2015 provocó unas pérdidas para el sistema eléctrico de 150 millones de euros, lo cometen los hogares con bajos ingresos o en situación de pobreza energética.
Más bien al contrario, la mayor parte del fraude "se concentra en puntos de suministro que tienen altos niveles de consumo", señala Endesa, que ha podido constatar con sus propias mediciones que el 80% del fraude eléctrico en 2015 se debió a empresas industriales y de servicios y al resto a particulares.
Además, entre el 20% restante, cometido por particulares, asegura que el 80% del fraude correspondió a hogares con elevado nivel de consumo. Así, según sus cálculos, el 96% del fraude eléctrico, que el pasado año supuso un consumo equivalente al de Sevilla y su área metropolitana, se debió a empresas y particulares con alto nivel de consumo.
Los enganches ilegales tuvieron un coste de 150 millones de euros en 2015, cantidad que paga el resto de consumidores del sistema
La compañía eléctrica recuerda que el fraude eléctrico es “un recurso ilegal que utilizan algunas empresas y grandes consumidores domésticos para abaratar su factura eléctrica a costa de todos los demás consumidores“, que son quienes tienen que cargar con estos gastos “al igual que sucede con el fraude fiscal”.
La CNMC, por su parte, ha constatado que "más del 90% de los fraudes no tiene origen doméstico. La mayoría de las actuaciones fraudulentas (engancharse a la red de forma ilegal para no pagar, manipular los contadores…) las cometen empresas y urbanizaciones, contrariamente a lo que se piensa de que muchos enganches ilegales los realizan hogares pobres.
Ante esta situación, que no ha parado de crecer desde 2009 con la llegada de la crisis económica, el regulador está trabajando una propuesta para modificar la regulación sobre fraude en el suministro eléctrico, debido a que la normativa actual no sirve para combatir los niveles de “sofisticación” de las estafas e incluso los “fraudes organizados”, cada vez más frecuentes.
Más del 90% del fraude eléctrico no tiene origen doméstico, proviene de empresas, urbanizaciones y estafas organizadas
La CNMC denuncia que los defraudadores han aumentado su nivel de “profesionalización”, y por esta razón, pide el cambio normativo para que sean las distribuidoras y comercializadoras, pero no el usuario final, el que cargue con las pérdidas del sistema provocados por los defraudadores eléctricos.
Además, tanto Endesa como la CNMC como fuentes del sector creen que hay que concienciar a los consumidores para que asuman que los enganches ilegales no son un problema aislado, sino un claro "delito que impacta en el bolsillo del resto de usuarios que no cometen fraude, y además suponen un riesgo para la seguridad, porque se pueden provocar accidentes como incendios y cortocircuitos.
