La familia Martínez Sampedro, fundadora de Codere y que posee el 18,5% del capital del grupo de juego, ha presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores nuevas pruebas que, sostienen, demuestran la concertación entre los fondos estadounidenses que participan en el accionariado de la compañía, lo que de acuerdo a la normativa obligaría a estas sociedades a lanzar una OPA por el 100% de la empresa.
Las nuevas pruebas aportadas afectan al papel de Sebastián Albella como presidente de la CNMV. Albella presidió el despacho Linklaters hasta su incorporación, en noviembre de 2016, a la presidencia del regulador del mercado español.
El bufete, estando dirigido por Albella, trabajó en la reestructuración financiera de Codere, en 2014. Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalan que de 1.000 horas que el bufete destinó al asesoramiento de Codere, Albella participó tan solo en 10 horas.
Albella mostró su preocupación al presidente de Codere por las acciones que pudieran llevar a cabo los Martínez Sampedro
En los últimos años, siendo ya Albella presidente de la CNMV, Linklaters ha seguido trabajando para Silver Point, principal accionista de Codere, con más del 21% del capital. De acuerdo a fuentes cercanas a la compañía, Linklaters habrá ingresado cerca de seis millones de euros por todas esas labores, desde 2014.
En la nueva documentación aportada por los Martínez Sampedro -correos electrónicos entre los fondos y sus abogados- se incluyen comentarios sobre una entrevista mantenida en la CNMV entre Albella y el presidente de Codere impuesto por los fondos, Norman Sorensen.
Los fondos estadounidenses lograron entre finales de 2017 y enero de 2018 desbancar a los hermanos José Antonio y Javier Martínez Sampedro de la presidencia y vicepresidencia de Codere, nombrando al consejero supuestamente independiente Norman Sorensen como presidente.
El Gobierno debe decidir en las próximas semanas sobre la renovación de Sebastián Albella como presidente de la CNMV
Desde entonces la familia española ha iniciado arbitrajes y denuncias en juzgados contra la toma de control del grupo por parte de los fondos, e impulsaron en Estados Unidos un procedimiento, discovery, que obliga a los fondos a entregar buena parte de las comunicaciones mantenidas con sus abogados.
Durante 2019 los Martínez Sampedro enviaron a la CNMV documentación, en los meses de febrero, julio y diciembre, que probaría esa concertación entre los fondos para hacerse con el control del accionariado y del consejo de administración del grupo, mediante el nombramiento de consejeros independientes que, denuncian los accionistas españoles, en realidad trabajarían al dictado de Silver Point y el resto de los fondos estadounidenses.
La familia fundadora de Codere ha ido aportando este año nuevas pruebas recabadas en ese procedimiento de discovery en Estados Unidos, a través de escritos enviados a la CNMV en julio y agosto.
Sorensen se vio con Albella pocos días después de que los fondos desalojaran a los fundadores del grupo de la presidencia de Codere
En esa nueva documentación entregada al regulador del mercado español se incluyen correos electrónicos entre los despachos contratados por los fondos y sus representantes en el consejo de administración de Codere.
Entre otros, correos electrónicos entre Norman Sorensen y abogados de Linklaters, enviados y recibidos entre finales de 2017 y principios de 2018, cuando se gestó la toma del control de Codere por parte de los fondos.
En un correo enviado el 18 de enero por Norman Sorensen a los consejeros representantes de Silver Point en Codere y al director general de la compañía, Vicente Di Loreto, pocos días después de que los fondos hubieran logrado desbancar de sus cargos a los hermanos Martínez Sampedro, el nuevo presidente de la compañía les comunica que ha mantenido una reunión con Sebastián Albella.
En esos correos, incluidos en la documentación aportada por los Martínez Sampedro a la CNMV, Sorensen explica que Albella ya sabe que Linklaters está asesorando a Silver Point. Y que el presidente del regulador del mercado español le había trasladado en esa entrevista "su preocupación" por las acciones legales que los fundadores de Codere pudieran llevar a cabo.
Incompatibilidades y reelección
Las potenciales incompatibilidades que tenía Albella en su incorporación a la presidencia de la CNMV después de haber dirigido Linklaters -el bufete ha asesorado a numerosas compañías cotizadas españolas- fue uno de los factores que empleó la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy para criticar el nombramiento de Albella como presidente del organismo.
La CNMV asegura que la reunión entre Albella y Sorensen tuvo tan solo un carácter institucional
Sebastián Albella se comprometió en su nombramiento a abstenerse de involucrarse en decisiones de la CNMV que afectaran a compañías que habían recibido asesoramiento de Linklaters. A pesar de la documentación entregada a la CNMV por los Martínez Sampedro desde principios del pasado año, el regulador del mercado hasta el momento no se ha pronunciado sobre el caso.
Desde la CNMV se asegura a este diario que la entrevista mantenida entre Albella y Sorensen fue tan solo de carácter institucional, y que también hubo un encuentro previo entre Albella y el expresidente de Codere, José Antonio Martínez Sampedro. En esas reuniones estuvo también presente el secretario general de Codere, Luis Argüello, y el director general de mercados del regulador.
A escasas semanas de que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga que decidir sobre la renovación de Albella como presidente de la CNMV, el caso Codere enturbia esa posible reelección.
El presidente de la CNMV agota su mandato al frente del regulador entre los próximos meses de octubre y noviembre, pero puede ser reelegido por otro periodo de cuatro años si así lo decide el Gobierno. Fuentes del Ministerio de Economía consultadas por este diario aseguran que a día de hoy "no hay nada sobre la mesa".
Gasto millonario en abogados
En sus últimos escritos a la CNMV, los fundadores de Codere llaman también la atención sobre el elevado gasto que en despachos de abogados en el que ha incurrido la compañía, en parte en la representación legal de los fondos accionistas ante los litigios iniciados por la familia Martínez Sampedro.
Los fundadores del grupo consideran que la contratación de despachos internacionales por parte de los fondos también muestra la concertación que existe entre ellos para controlar el capital y la gestión de la compañía.
Los despachos Boies Schiller Flexner y Jones Day facturaron cerca de cuatro millones a Codere en 2018 por servicios legales a los fondos
La documentación presentada por los Martínez Sampedro muestra que en el proceso arbitral y mercantil iniciado contra la supuesta concertación de los fondos, la representación inicial de los accionistas demandados y sus consejeros fue asumida por los mismos abogados, Boies Schiller Flexner y Jones Day.
La factura de esos servicios de ambos despachos a Codere ascendió en 2018 a cerca de cuatro millones de euros (Boies Schiller Flexner facturó 2,7 millones y Jones Day 1,2 millones de euros). Los fundadores del grupo también advierten que Codere pagó a Boies Schiller Flexner por asesorar a David Reganato, consejero de la empresa en representación de Silver Point, en la oposición al discovery iniciado en Estados Unidos.
Linklaters, también de acuerdo a la documentación entregada por los Martínez Sampedro a la CNMV, cobró 0,7 millones de euros en 2018 de Codere. En total, la multinacional española de juego destinó 7,2 millones de euros en 2018 al pago de asesorías en litigios.
En 2019 esa partida de gasto de Codere descendió a los 1,5 millones de euros. La familia fundadora del grupo sostiene que esa reducción da soporte a la sospecha de que en 2018 la compañía asumió el coste de la representación legal de los fondos accionistas, dentro del capítulo de gastos no recurrentes de Codere.
