El Gobierno estudia la posibilidad de prorrogar el plazo de suspensión de los desahucios de viviendas, según ha podido saber Vozpópuli a través de fuentes ministeriales.
El pasado 1 de abril el Gobierno estableció la suspensión de los desahucios con motivo del coronavirus. Fuentes ministeriales precisan que dicha suspensión vence el próximo 30 de septiembre.
La evolución de la situación económica podría ser un argumento para que el Ejecutivo prorrogue el plazo de los desahucios.
Según apuntan a este periódico desde Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, la morosidad ya alcanza el 15% y se prevé que aumente en otoño.
"Solo recibimos llamadas de caseros a los que su inquilino le ha avisado que en un mes o tres dejará de pagar", apuntan desde la patronal de los caseros, en la que están representados fondos de inversión como Blackstone, Ares o Castlelake y también caseros particulares.
"Solo recibimos llamadas de caseros a los que su inquilino le ha avisado que en un mes o tres dejará de pagar"
Entre los factores que están marcando la situación de los inquilinos están la incertidumbre sobre la duración de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, la no accesibilidad y/o tramitación de los microcréditos del Gobierno y las dudas sobre el tiempo que estarán suspendidos los desahucios.
Factores de incertidumbre
Según Asval, alrededor del 10% de sus inquilinos ha pedido moratorias y solo el 1,7% se ha acogido a la línea de microcréditos para el pago del alquiler habilitada por el Gobierno.
Los acuerdos con propietarios, la complejidad para solicitar esas ayudas o el mero deseo por parte de los inquilinos de no querer sumar más deudas habrían lastrado el éxito de la medida para la que el Gobierno anunció 1.200 millones en préstamos y 800 millones en ayudas directas. A preguntas de este medio, desde el Ejecutivo no han dado datos de cómo se están repartiendo esos fondos.
350.000 inquilinos tienen que dedicar la mitad de sus ingresos al pago del alquiler
Paralelamente, la patronal de los caseros reclama que estos puedan tener acceso a un fondo de 700 millones que cubra la situación de 350.000 inquilinos que, estiman, están en situación de vulnerabilidad económica. Se trata de inquilinos que a día de hoy tienen que dedicar, de media, el 48% de sus ingresos al pago del alquiler (el cálculo en mayo sumaba 250.000 inquilinos). Lo saludable sería que dedicaran solo el 30%.
Paralelamente, según los cálculos de la Agencia Negociadora del Alquiler, entre los particulares hay entre 570.000 y 855.000 de más de 55 años que son jubilados y/o tienen la vivienda en alquiler como principal fuente de ingresos.
