La Comunidad de Madrid ha recibido en los últimos meses 60.000 peticiones de licencias VTC (Alquiler de Vehículos con Conductor) para poder operar en la región, según fuentes del ejecutivo madrileño.
Un total de 20.000 de estas licencias han sido solicitadas por Maxi Mobility Spain, una empresa filial de Cabify, que es la que gestiona los permisos de la compañía.
El resto de solicitudes han sido presentadas por pequeñas y medianas empresas del sector del transporte y por personas a título individual.
La Consejería de Transportes rechaza todas estas peticiones. El solicitante acudía a los tribunales debido a que un vacío legal de la Ley, aprobada en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, les permitía hacerse con uno de estos permisos vía judicial.
El Supremo fallaba a favor de estos recursos. Se calcula que aún hay en marcha unos diez mil procedimientos en los tribunales. En España existen unas 65.000 licencias de taxi y unas 6.500 de VTC, es decir una de VTC por cada diez de taxi cuando la Ley establece una por cada 30.
El Gobierno aprobó hace algunas semanas un Real Decreto ley que busca la estabilización del sector del taxi y la concesión de licencias VTC.
Mientras Uber, Cabify y el Tribunal de la Competencia exigen más liberalización, Fomento y los taxistas defienden el actual modelo de negocio
La nueva normativa, según informó Fedetaxi, “eleva a rango legal medidas como las limitaciones al otorgamiento de nuevas autorizaciones VTC y la obligación de éstas a prestar al menos el 80% de sus servicios en la Comunidad Autónoma que les dio la concesión”. También impide la venta de la licencia hasta pasado un periodo de la concesión.
La defensa del actual modelo de negocio
Los profesionales del taxi esperan que el Tribunal Supremo zanje en una próxima sentencia la ‘guerra del taxi’.
El pasado día 17 de abril se vio en el Supremo la reclamación de Uber, Cabify y el Tribunal de la Competencia, por una parte y el Ministerio de Fomento y los taxistas por otro. Mientras los primeros exigen más liberalización, Fomento y los taxistas defienden el actual modelo de negocio.
La sentencia deberá establecer el número de licencias de taxi y VTC que van a operar los próximos años. En caso de que liberalice el sector al máximo, el valor económico de todos estos permisos quedaría reducido al mínimo.
Los taxistas señalan que "la consecuencia de esa demora ha sido la entrada de unos miles de licencias de VTC que está por ver cómo absorbe un mercado hoy en alza"
El origen del conflicto comenzó con un gobierno socialista que incluyó en la conocida como Ley Ómnibus la liberalización de las VTC. Fedetaxi señala que al llegar al poder el PP, en 2013, revirtieron dicha situación, “pero no concretaron los requisitos para desarrollar esa actividad hasta 2015, entre otros la necesidad de unas licencias y un número limitado de las mismas a modular por las CCAA, como los taxis”.
Los taxistas señalan que “la consecuencia de esa demora ha sido la entrada, vía sentencias, de unos miles de licencias de VTC que está por ver cómo absorbe un mercado hoy en alza, pero cuya demanda no es ilimitada”.
