El Gobierno quiere cumplir con una de las demandas históricas de las autoridades comunitarias: reducir la temporalidad del mercado laboral español. Por eso, se ha comprometido con Bruselas a reducir el número actual de contratos, a revisar la causalidad del contrato temporal y a endurecer las sanciones a las empresas que abusen de este tipo de contratos. Así consta en el Plan Nacional de Reformas que ha enviado a la Comisión junto al Programa de Estabilidad.
Lo cierto es que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya había propuesto a los sindicatos reducir a tres el número de contratos: indefinido, temporal con indemnización creciente y formación. También había avanzado en el Congreso de los Diputados que endurecería las sanciones a las empresas que abusen de los contratos sin justificación. Y ahora quiere reforzar el principio de causalidad para reducir el uso de este tipo de contratos.
La contratación temporal en España tiene un carácter causal, lo que implica que los empresarios no tienen libertad absoluta para celebrar contratos temporales, sino que deben concurrir unos supuestos objetivos, como el hecho de que lo justifiquen las circunstancias de producción, la realización de una obra o servicio con sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa o la sustitución de un trabajador con derecho a reserva de puesto.
La tasa de temporalidad, en el 26%
Pero lo cierto es que en la práctica los empresarios usan a menudo este tipo de contrato. Quizá por eso, la tasa de temporalidad en España supera el 26%, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre del año. El objetivo de endurecer la causalidad y aumentar las sanciones es precisamente disuadir a las empresas del uso de este tipo de contrato siempre que no esté justificado.
Además, el Gobierno quiere seguir trabajando para garantizar la igualdad retributiva y para mejorar la
transparencia retributiva en España, para lo que promoverá actuaciones que permitan detectar situaciones de desigualdad injustificada y reducir la brecha salarial. Según figura en ese mismo documento, la brecha salarial acabó 2016 en el 13,1%.
El Gobierno pondrá en marcha el nuevo plan de inspección 2018-2020 e intensificará la lucha contra la contratación temporal fraudulenta
Por otro lado, el Ejecutivo pondrá en marcha el nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, con líneas específicas de actuación en materia de estabilidad en el empleo al intensificar las actuaciones para luchar contra la contratación temporal fraudulenta. El plan supone también el reforzamiento institucional de la Inspección con la constitución del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, y la creación en su seno de una Oficina de Lucha contra el Fraude.
En paralelo, el Gobierno continuará implementado el acuerdo de Gobierno y sindicatos para mejorar la calidad del empleo, que prevé reducir la tasa de temporalidad en el sector público hasta el 8% en un horizonte temporal de dos años. Y se seguirán aplicando las medidas previstas en la Ley de Reformas
Urgentes del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas y facilitar la conciliación laboral y personal de los trabajadores por cuenta propia.
