La mayoría del Congreso, excepto PP, Ciudadanos, Foro Asturias y UPN, han aprobado este martes tramitar un cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el Senado no pueda bloquear la aprobación de los objetivos de déficit y deuda pública, pero también para enmendarla y modificar la regla de gasto.
El Pleno del Congreso ha tomado en consideración por 181 votos a favor, 164 en contra y 1 abstención la proposición de Ley firmada por el PSOE, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto y que ha sido apoyada por el PNV, el PDeCAT, Coalición Canaria, mientras que Nueva Canarias se ha abstenido.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presenciado el debate en el que la mayoría de los partidos políticos pedían eliminar el veto del Senado para que el Congreso tuviera la última palabra.
Todos los partidos políticos, excepto PP, Cs, Foro Asturias y UPN, han instado a que se pueda aprobar la nueva senda de consolidación fiscal, acordada con Bruselas y más flexible que la aprobada por el Gobierno del PP, con el fin de que las Comunidades Autónomas (CCAA) y los Ayuntamientos puedan elaborar también sus presupuestos.
Sin embargo, el PNV, ERC, el PDeCAT, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Compromís, han dejado claro que enmendarán la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria para cambiar también la regla de gasto y permitir que las entidades locales puedan invertir su superávit una vez cumplidos sus objetivos de déficit.
"Es necesario modificar la actual regla de gasto que encorseta a las Administraciones", ha dicho la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, al tiempo que ha urgido a modificar la Ley de Estabilidad con urgencia y en lectura única ante la necesidad de que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.
Joan Margall de ERC también ha hecho hincapié en el papel de los Ayuntamientos durante la crisis, objeto de una políticas de austeridad "llevadas al extremo", mientras que el diputado del PDeCAT Ferrán Bel ha supeditado el apoyo de su partido a la nueva senda de déficit a la flexibilización de la regla de gasto, y el diputado de Compromís Ignasi Candela ha criticado que el PP atribuyera al Senado una posición que no le corresponde.
Los diputados canarios, Ana Oramas (CC) y Pedro Quevedo (NC) han sido los más críticos.
"No es posible que las CCAA, los Ayuntamientos y los cabildos que han cumplido y tiene superávit se encuentren con una fortuna en los bancos que no pueden reinvertir", ha dicho Quevedo, tras insistir en que no es suficiente el criterio de inversiones financieramente sostenibles.
Oramas, además, ha lamentado que el superávit de 600 millones de la Comunidad de Canarias sirva para paliar el déficit de autonomías incumplidoras y ha pedido invertirlo en servicios esenciales.
Por su parte, la diputada del PSOE Patricia Blanquer ha argumentado que el veto de la Cámara Alta impide el derecho constitucional que tiene el Gobierno a presentar unos presupuestos generales, ya que éstos van vinculados a los objetivos de déficit y también impide que los puedan elaborar el resto de las Administraciones.
Ha recordado que los actuales objetivos han sido acordados con Bruselas y aprobados por las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y por la Comisión Nacional de Administración Local, y ha criticado que un amplio acuerdo del Congreso vaya a ser bloqueado en el Senado.
"Es necesaria una nueva senda de déficit como la ya propuesta, que es realista", ha puntualizado, tras recordar que están en juego 6.000 millones de euros más y 2.500 millones sólo para las CCAA.
Asimismo, el diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro ha lamentado que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro "mutilara" la capacidad de iniciativa presupuestaria que la Constitución confiere al Gobierno, y ha reiterado a la ministra la urgencia por aprobar unos presupuestos con una política fiscal expansiva.
PP, Ciudadanos, Foros Asturias y UPN han rechazado esta modificación de la Ley porque supone cercenar la democracia y una institución como el Senado, y porque además dará luz verde a un presupuesto que subiría los impuestos y aumentaría el gasto social.
