El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de septiembre la declaración de situación de emergencia climática en España, aunque la Cámara Baja no parece muy dispuesta a predicar con el ejemplo a tenor de los casi inexistentes criterios medioambientales que incluye la licitación para el suministro eléctrico de las instancias dependientes de la institución. Al contrario de lo que sucede con un buen número de Administraciones Públicas y empresas dependientes de ellas, el Congreso no exigirá a las compañías que pujen por el contrato que oferten una energía 100% renovable.
La Mesa del Congreso licitará el suministro de electricidad y gas natural para el Palacio de las Cortes y las dependencias de la institución para los próximos dos años y medio, un contrato valorado en algo más de 6,5 millones de euros. A la hora de valorar las potenciales ofertas, el principal y casi único criterio que se tendrá en cuenta será el económico.
El planteamiento contrasta con el escogido por Administraciones Públicas como los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, que exigían a las comercializadoras que pujaban por los contratos de electricidad para dependencias municipales estar en posesión del certificado emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que avala que la totalidad de la energía eléctrica que suministran tiene origen renovable. Una de las últimas en sumarse a esta tendencia ha sido la Comunidad de Madrid.
En este capítulo también destaca el Ministerio de Fomento. Empresas del grupo, como Adif, también han incluido este requisito en sus licitaciones; en las últimas semanas, el departamento que dirige, actualmente en funciones, José Luis Ábalos también ha tenido en cuenta este factor para elaborar los pliegos del concurso para el contrato eléctrico de las autopistas de peaje que, a partir del 1 de enero, revertirán al Estado tras vencer el periodo de concesión (AP-7, Tarragona-Valencia-Alicante; y AP-4, Sevilla-Cádiz).
Emergencia climática
En el caso del Congreso, los pliegos no exigen estar en posesión del mencionado certificado mientras que los criterios medioambientales tienen un simbólico peso del 10% a la hora de puntuar las ofertas, frente al 90% del precio. En esos criterios se valorará el "mantenimiento y mejora de valores medioambientales y fomento del uso de energías renovables".
El contrato está dividido en tres lotes, que comprenden el suministro de electricidad en alta y baja tensión y el suministro de gas. En el caso de este último, el precio es el único criterio existente. Para el resto, el pliego tan solo requiere a las comercializadoras que estén incluidas en el listado de comercializadoras de energía eléctrica de la CNMC, para el caso de los lotes de electricidad; y estar inscrita en el registro administrativo de distribuidores, comercializadores y consumidores cualificados correspondiente para el referido al suministro de gas.
La referida declaración de emergencia climática en España fue llevada al Congreso por Unidas Podemos, con la intención de comprometer al Gobierno a poner en marcha todas las políticas necesarias para hacer frente al cambio climático. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó una declaración similar para el contexto de la Unión Europea.
