La crisis económica que ha provocado el coronavirus en España ha agravado la situación de inestabilidad que vive el país, lo que ha contribuido a que se produzca una salida de capitales hacia otros países. Sólo hasta junio, el país ha registrado una fuga de capitales equivalente a 48.836 millones de euros.
Esta cifra, recogida en la cuenta financiera publicada por el Banco de España este lunes, refleja la diferencia entre lo que los residentes españoles invierten fuera del país y lo que los extranjeros destinan a España. El saldo positivo que se da a cierre de junio quiere decir que en la primera mitad del año ha salido mucho más dinero al extranjero de lo que ha entrado: en concreto la diferencia asciende a casi 49.000 millones. En el mismo periodo del año anterior, este saldo fue de 18.017 millones.
"Es evidente que la inestabilidad política y económica española y las perspectivas actuales ayudan a la salida de capital", señala a este periódico Mercedes Pizarro, directora de Economía del Círculo de Empresarios, quien prefiere igualmente mostrarse cauta y recordar que "es arriesgado asociar íntegramente todo el movimiento a nuestra situación interna".
Lo mismo explicaba a Vozpópuli hace unos meses Jorge Onrubia, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, quien veía en la fuga de capitales que se produjo hasta el mes de abril "indicios, claros, pero indicios" de que había miedo a medidas fiscales importantes, como la armonización en todo el territorio nacional del Impuesto de Patrimonio o el Impuesto de Donaciones y Sucesiones.
Hasta ese momento la salida de capitales ascendía a 27.300 millones, lo que éste y otros expertos achacaban a la inestabilidad política del país y al temor a que se produjera un hachazo fiscal.
Crece la inestabilidad
Dos meses después y tras recibir el fuerte impacto de la pandemia, la situación económica de España es mucho más inestable: nuestro Producto Interior Bruto (PIB) es el que más cayó de toda la Unión Europea en el segundo trimestre, la OCDE cree que España superará a Grecia como el país con más paro de esta crisis y, a cuatro meses de fin de año, al Gobierno se le antoja complicada la negociación para sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Esto último es imprescindible para afrontar las reformas estructurales que exige Bruselas para poder liberar los 140.000 millones de euros que recibirá España, y son necesarios también para intentar contener el déficit público, que se disparará hasta el umbral del -10,3%, según cálculos del Gobierno del mes de abril, o más bien hacia el 15% del PIB, según estimaciones de analistas.
El Gobierno había planteado desde su formación en enero una fuerte subida de impuestos. Anuncios, precisamente, en torno a la posible armonización nacional del Impuesto de Patrimonio o Sucesiones habían contribuido a la deslocalización de fortunas hacia países con fiscalidad más ventajosa como Luxumburgo o Irlanda, y no ha habido un anuncio oficial de que esos planes hayan cambiado.
El presidente, Pedro Sánchez, sí ha hecho alusión a la necesidad de buscar un gran pacto con otros partidos para aprobar unas cuentas sin subidas de impuestos, pero su vicepresidente, Pablo Iglesias, insiste en que se tiene que cumplir lo firmado -en alusión al programa del Gobierno de Coalición que contemplaba subida de IRPF a las rentas altas o cambios en Impuesto de Sociedades, entre otros-.
