El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para que la Cámara inste al Gobierno a permitir a los ayuntamientos que utilicen el cien por cien de su superávit para medidas de lucha contra el coronavirus.
Se trata de flexibilizar la Regla de Gasto para que los ayuntamientos puedan tomar medidas extraordinarias, siempre que no supongan gastos estructurales". El PP plantea que el superávit pueda destinarse a gasto corriente o inversión y que éstos no computen en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, sin que sea necesario aprobar el Plan Económico Financiero para los supuestos de incumplimiento por uso del remanente de tesorería para gastos generales.
Además, con una segunda PNL, el PP quiere que el Gobierno permita a los Ayuntamientos, dentro del escenario presupuestario 2020, en el que se incluye la aplicación del remanente de tesorería del año 2019, desarrollar competencias que no les son propias para complementar las medidas y ayudas puestas en marcha por otras administraciones para hacer frente a la pandemia.
Los 'populares' proponen toda una batería de medidas para los ayuntamientos, entre ellas medidas extraordinarias de liquidez, especialmente para que aquellas entidades locales que no hayan tenido superávit en sus cuentas públicas puedan poner en marcha medidas y ayudas puestas frente a la pandemia.
Además, instan al Ejecutivo a "pagar los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de las entidades locales del IVA correspondiente a diciembre de 2017" y a designar a las entidades locales como beneficiarias de aquellos Fondos de impulso prioritario de políticas sociales y de reconstrucción social y económica que se habiliten por el Estado dirigidos a las CCAA.
También que la nueva programación de Fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 se reoriente a la reconstrucción de las economías locales con la creación de fondos específicos, según ha detallado el PP en un comunicado.
El PP quiere que el Gobierno autorice a los Ayuntamientos a realizar gastos no estructurales en áreas en las que estrictamente no son competentes, como empleo o educación, para poner en marcha políticas, complementarias de otras autonómicas o estatales, para lograr una recuperación económica cuanto antes.
Por otro lado, insta al Ejecutivo a "prorrogar los plazos para que las Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2019, puedan ejecutarse en 2021", para así tener en cuenta la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma.
Además, se pide al Gobierno que "considere la pandemia como una situación de grave peligro" desde el punto de vista de la Ley de Contratos del Sector Público para que los ayuntamientos puedan comprar bienes y servicios mediante la tramitación de emergencia.
Contratación de personal
De igual manera, reclama al Ejecutivo que eleve "la tasa de reposición al 100% de la plantilla ya existente para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes para que puedan prestarse eficazmente los servicios "ante la existencia de numerosas vacantes en las plantillas y el envejecimiento de las mismas".
También desde el punto de vista de la contratación, exige que que se permita levantar la suspensión de los plazos "para no interrumpir los procesos de contratación de las entidades locales y así agilizar la recuperación económica y del empleo".
También solicita al Gobierno que implante medidas para que los Ayuntamientos puedan aplicar su superávit a la finalidad prevista en el real decreto de medidas urgentes para frenar el impacto económico y social de la epidemia.
Entre ellas, la supresión del límite de la previsión de la estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020, la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente para la gestión de ayudas a personas vulnerables y que no sean consideradas subvenciones las prestaciones económicas del Sistema de Servicios Sociales de CCAA y Entidades Locales a personas y familias en riesgo de emergencia o exclusión social.
Finalmente, exige al Gobierno "respetar y garantizar la autonomía que la Constitución y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles no de un gobierno en concreto".
