El Gobierno abre la puerta a que "personas vulnerables" puedan pagar con ayudas del Estado el alquiler de viviendas "de titularidad privada" y cualquier alojamiento o dotación residencial "susceptible de ser ocupada".
Así lo recoge la orden publicada este sábado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que modifica el real decreto aprobado por el anterior Ejecutivo para regular el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y que complementa a las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la Covid-19.
En su artículo cuatro, la orden publicada este sábado establece ayudas de hasta 600 y 900 euros al mes, y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación del inmueble, para "personas vulnerables" que no dispongan de un inmueble en propiedad.
El texto obliga a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a poner a disposición de las personas beneficiarias una vivienda de titularidad pública, pero añade: "Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes".
Estas ayudas, según el texto, tendrán por objeto "facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables".
Fomento niega cualquier posibilidad de expropiación
Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana niegan que esta orden abra la puerta a cualquier posibilidad de expropiación.
Según el departamento que dirige el ministro José Luis Ábalos, se trata de habilitar a la administración a contactar con un propietario privado que esté dispuesto a ofrecer la vivienda y pagarle por ella el alquiler.
Es decir, los propietarios de viviendas vacías podrán cobrar el alquiler que los beneficiarios cobrarán gracias a las ayudas al alquiler del Gobierno si permiten que sean ocupadas por víctimas de violencia de género, personas que hayan sufrido deshaucios o personas sin hogar
Tras la aprobación de esta orden, podrán obtener ayudas en este nuevo supuesto las viviendas que, de forma individualizada o en bloque, sean adquiridas por las administraciones públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, con el objetivo de incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso social.
