Economía ya ha puesto a andar la nueva partida de avales del Estado por 20.000 millones de euros, que esta vez irá destinada íntegramente a pymes y autónomos. Con esta segunda ronda de financiación, el Estado ha querido poner un nuevo cortafuegos a la banca por los abusos que se cometieron en casos puntuales con la primera línea, vinculando productos o con intereses elevados, pero lo cierto es que esta medida se ha quedado a medio gas.
El nuevo Real Decreto solo prohíbe explícitamente la vinculación de productos a créditos avalados por el ICO pero, en cambio, deja la puerta abierta a que, en casos concretos, las entidades de crédito puedan incluir intereses más elevados a ciertos clientes.
"Se establece que el precio para el cliente de los créditos que se beneficien del aval deberá ser, en general, inferior al de los préstamos y otras operaciones que no cuenten con el aval", expone el texto de la norma en su única mención en todo el documento a este respecto. En ningún momento se habla de incluir suelos o techos y además el escrito sólo habla de deber y no de obligación, lo que se puede interpretar más como una recomendación que como una obligación.
Tampoco prohíbe que las entidades pidan garantías adicionales para ese porcentaje del préstamo que no cubrirá el Estado. Esto es otra de las medidas que está tomando el sector y que ha sido muy criticada por la opinión pública, pero lo cierto es que en algunas ocasiones hay préstamos que se quedan sin cubrir en un 40%.
En cambio, el tono se endurece con la vinculación de productos. Se habla de "prohibir" que las entidades condicionen la concesión de un préstamo avalado a la contratación por parte del cliente de otros productos. Hace dos semanas las entidades intentaron cometer ciertos abusos con sus clientes, pero el ICO y el Banco de España se pusieron en guardia para evitar que estos casos se repitieran. En ese momento se firmó un convenio entre el sector y el Gobierno en el que los bancos se comprometieron a no volver a realizar estas prácticas.
Mismas condiciones
Más allá de estas dos nuevas indicaciones, el Gobierno ha decidido mantener las condiciones y características en la segunda línea de avales del Estado. La única diferencia con la primera línea es que ésta irá íntegramente dedicada a las pymes y autónomos y cubrirá el mismo porcentaje. Es decir, un 80% para nuevos préstamos y un 70% para refinanciaciones.
El ritmo de peticiones de este tipo de préstamos por parte de pequeñas empresas ha sido mucho mayor que el requerido por grandes empresas. De acuerdo a fuentes del Ministerio de Economía, las grandes empresas no han acudido en tropel a solicitar estos préstamos, como sí han hecho pymes y autónomos, que en unos días, horas, han agotado la primera línea.
Al igual que finalmente ha ocurrido con la primera línea de avales del ICO para combatir el impacto económico de la crisis del coronavirus, el organismo público repartirá la nueva línea entre la banca por cuota de mercado, y no a demanda como se barajó en un primer momento.
