El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, se verá este viernes las caras con los consejeros económicos de las comunidades autónomas en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 2016 y tendrá que enfrentarse a Cataluña y al frente común que ha formado con otras cinco comunidades para mantenerse firmes ante el ministro, aunque Hacienda ofrezca cierta flexibilidad.
El año pasado el déficit acabó en el 5% del PIB, muy por encima de lo previsto, y con un desfase de casi 10.000 millones. Según Montoro, las culpables del desvío fueron, sobre todo, las comunidades que tenían que haber reducido su saldo al 0,7% y lo dejaron finalmente en el 1,66%.
Tras la recomendación de la Comisión Europea del 9 de marzo, en la que exigía al Gobierno que tomara medidas ante el fuerte desvío del déficit autonómico, Montoro decidió aplicar las medidas coercitivas que contempla la Ley de Estabilidad y exigir a 12 comunidades que aprobaran en 15 días la no disponibilidad de créditos y que se comprometieran a dedicar todos los recursos extra de este año a la reducción del déficit.
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia recibieron las misivas, en las que Montoro les explicaba que podrían cumplir el objetivo de déficit de 2016 (0,3%) si no aumentaban el gasto y dedicaban los recursos extra de la liquidación del sistema de financiación del año 2014, el ahorro de los intereses gracias al FLA y la no repetición de algunos gastos del año pasado, como el de la hepatitis C.
El ministro pide que los 10.000 millones extra de este año se dediquen completamente a la reducción del déficit
En total, 10.000 millones más que, según Montoro, deberían dedicarse íntegramente a reducir el déficit y no elevar más el gasto. Con estos recursos, el saldo podría bajar del 1,6% actual al 0,6%, más o menos, por lo que los ajustes pendientes para llegar al 0,3% de 2016 sería de unos 3.000 o 4.000 millones, según la región.
Sin embargo, muchas de las incumplidoras ya han mostrado su rechazo a las peticiones de Montoro y se han plantado ante el ministro asegurando que no harán más recortes para reducir sus déficits. Las comunidades creen que lo que debería hacer el Gobierno es dar más margen a las regiones, que son las que más esfuerzos han hecho estos años de crisis para mejorar sus cuentas públicas.
De hecho, Cataluña, Aragón, Extremadura, Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana han acordado un frente común contra el ministro para hacerse más fuertes en la reunión y demostrar a Montoro que lo pide es inasumible. Fuentes cercanas al Gobierno catalán consultadas por Vozpópuli aseguran que el consejero no tiene previsto cambiar de postura en la reunión.
En cambio, Montoro puede que se muestre flexible y dispuesto a dar más margen a las CC.AA., puesto que ya está negociando una nueva senda de déficit para que España pueda contar con uno o dos años más para salir del procedimiento de déficit excesivo y dejar el déficit público por debajo del 3%. Además, ya dijo que planteará un nuevo fondo para facilitar el pago a proveedores y evitar más demoras en el pago.
A pesar de las cesiones de Montoro, las fuentes aseguran que el acuerdo de no disponibilidad de gasto que reclama el ministro supondría dejar de lado el presupuesto de prisiones, de la administraciones de Justicia y de tres grandes hospitales de Cataluña. Por eso, el conseller de Exteriores, Raül Romeva, que irá a la reunión en lugar de Oriol Junqueras, mantendrá ante Montoro que el déficit de 2016 es inasumible.
Castilla y León también se rebela
La última en unirse a la rebelión ha sido Castilla y León, gobernada por el Partido Popular. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha asegurado que utilizará argumentos jurídicos y políticos para responder a los requerimientos realizados por carta, puesto que ha llegado a un acuerdo con los grupos parlamentarios en el que se establecen las líneas básicas que se defenderán en la negociación de la reforma del futuro modelo de financiación autonómica.
La recomendación de Bruselas que propició el envío de estas cartas figura en el orden del día de la reunión que Hacienda ha enviado a las comunidades. Además, se hablará del desvío del año pasado, de la evolución fiscal entre 2011 y 2015, de la comisión de expertos que se ha creado para abordar la reforma de la financiación autonómica y de la racionalización del sector público.
