El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, envió a principios de abril cartas a las 12 comunidades autónomas que incumplieron el objetivo de 2015 para que, en un plazo de 15 días, aprobaran acuerdos de no disponibilidad de créditos y efectuaran las retenciones necesarias para garantizar la reconducción de sus cuentas. Con las misivas, el ministro quiso activar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y demostrar a las instituciones comunitarias que no lo temblaría el pulso al exigir firmeza a las comunidades.
Pero parece que todo quedó en eso. En cartas y pequeñas exigencias. El ministro no desbloqueó el acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) hasta que todas las regiones contestaron a sus misivas. Y todas lo hicieron, pero sin asumir los recortes que les pedía Montoro. De hecho, tal y como relata la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) solo una de ellas, Extremadura, ha aprobado un acuerdo de no disponibilidad de 44 millones y Aragón se ha comprometido a aprobar otro de 33 millones, pero aún no lo ha hecho.
Estas dos comunidades suman, en el mejor de los casos, algo menos de 80 millones, una cifra muy lejana a la que inicialmente les reclamó el ministro. Es cierto que entre el envió de las primeras cartas y la contestación de las comunidades se planteó un nuevo objetivo de déficit a las regiones del 0,7% --frente al 0,3% anterior--, después de que Bruselas confirmara que dará un año más España para salir del procedimiento de déficit excesivo. Este margen extra, según ha explicado Hacienda en algunas ocasiones, libró a algunas regiones del esfuerzo que se les reclamaba.
Muchas de las medidas planteadas por las comunidades no tienen un impacto adicional en las cifras de déficit
Y otras se comprometieron a tomar medidas sin impacto adicional en las cifras de déficit porque, en muchos casos, ya estaban contempladas en sus cuentas. De hecho, en el anterior informe del organismo fiscalizador ya se puso de manifiesto que, de todas las medidas planteadas por las regiones, solo 300 millones podían considerarse nuevas en la reducción del déficit respecto a lo que ya se había planteado en los Presupuestos.
Ahora, con la última información facilitada por las CCAA, la AIReF ve solo un efecto de algo menos de 100 millones. Según fuentes del organismo, 200 millones de los 300 millones que se esperaban conseguir para contener el déficit se han perdido en el camino. Ni en los planes de ajuste ni en los planes económico financieros figuran nuevas medidas para reconducir las cuentas.
El organismo también duda de la aplicación completa del recorte de 2.000 millones que anunció Montoro a mediados de abril en la Administración General del Estado. En este caso, denuncia que, según lo que les ha explicado Hacienda, hasta ahora se han recortado 1.625 millones, pero el Ministerio no les ha facilitado el detalle de las partidas afectadas. Esto, según las fuentes, genera incertidumbre sobre la total efectividad del ajuste.
Algunas comunidades podrían reducir más el déficit este año, pero el Gobierno no les ha apretado las tuercas
Y no entiende que, tras conocer el nuevo margen de déficit, el Gobierno no optara por fijar objetivos diferenciados para las distintas comunidades autónomas y se limitara a pedir a todas el 0,7%. En general, las comunidades han ajustado las previsiones de cierre a la senda propuesta por en la actualización del Programa de Estabilidad, pero para algunas el 0,7% es "muy poco ambicioso" y podrían haber ido mucho más allá.
Pero el Gobierno no ha querido forzar. De haber fijado objetivos diferenciados, las comunidades tendrían que haber hecho más esfuerzos y podrían incluso haber compensado en 2016 parte del desvío que va a registrar la Administración Central. Esto no va a ocurrir y las cuentas generales pueden llegar a anotarse un déficit del 4,7% en 2016 aunque las comunidades cumplan con su 0,7%.
La Autoridad Fiscal cree que en España no se cumple la disciplina de las cuentas
En este contexto, la Autoridad Fiscal denuncia que la disciplina fiscal en España se está cumpliendo de forma “poco exigente”. De hecho, éste es uno de los motivos por los que Bruselas ha decidido iniciar el procedimiento sancionador tras la falta de medidas efectivas para reducir el déficit en 2015. Según las autoridades comunitarias, no se puede entender que un país que está creciendo por encima del 3% no sea capaz de contener el saldo negativo de sus cuentas.
Aunque la AIReF no quiere pronunciarse sobre la posibilidad de que se imponga una multa a España, sí insiste en que el marco regulatorio debería cumplirse con vigor. “Ya no se trata de que nos multen o no, se trata de aplicar la normativa”, señalan las fuentes- A su parecer, el Gobierno debe reaccionar cuando hay desvíos y no solo porque lo dice Bruselas, sino porque es el marco español que se ha elegido.
