Daniel de Alfonso (Madrid, 1964), director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), tiene claro quiénes son sus amigos en el empresariado catalán y nunca lo ha ocultado. El protagonista del escándalo ‘más electoral’ de la campaña, por sus polémicas conversaciones con el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, desde que llegó a su cargo en la OAC (2011) ha protegido a Aguas de Barcelona (Agbar) cuando ha podido.
De Alfonso ha sido un firme defensor del grupo catalán en su guerra abierta con Acciona después de que la compañía madrileña se llevara la privatización de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), la mayor adjudicación realizada por la Generalitat bajo el mandato de Artur Mas.
Su relación con Agbar es estrecha y viene de largo. El magistrado ha participado en actos y conferencias organizadas por la compañía. En mayo de 2014, en plena guerra de demandas y recursos entre Agbar y Acciona, De Alfonso dio una conferencia en el foro del agua, titulada Transparencia y Buen Gobierno, y habló de que “la transparencia y la rendición de cuentas refuerzan el sistema democrático y generan confianza en la sociedad”.
Archivó una denuncia contra Agbar por no tener medios suficientes para investigarla meses después de asistir a unas conferencias de la compañía
Defendió, paradójicamente, que las leyes por si solas “no sirven para nada si no se ponen en práctica con actitudes éticas y transparentes”.
Unos meses después de estas conferencias, en 2015, la oficina que dirige archivó una denuncia de Acciona contra un contrato firmado por Agbar con el Área Metropolitana de Barcelona para la prestación de los servicios integrales de aguas. La justificación de su decisión favorable a Agbar fue de lo más polémico: la OAC argumentó que no tenía medios suficientes para investigar la denuncia.
Pero un año después, la propia Oficina Antifraude sí tuvo medios para preparar un durísimo informe contra Acciona para acusar a los dueños de ATLL de hacer trampas en la facturación de sus negocios.
La OAC ha intentado dañar la imagen del grupo de la familia Entrecanales mientras el Tribunal Supremo mantiene abierto el proceso judicial en el que tendrá que decidir si anula la decisión del Ejecutivo de Mas de adjudicar ATLL a Acciona, tal y como ha denunciado Agbar.
Si el Supremo anula la privatización, el coste para las arcas catalanas podría superar los 1.000 millones de euros.
