El Gobierno está menos preocupado por el déficit. Por un lado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está consiguiendo cerrar parte del agujero en las cuentas gracias a la subida de impuestos y a la dosificación de la liquidez que brinda a las comunidades autónomas. Por otro, ya casi se da por hecho que en Bruselas se aceptará un cierto desvío del objetivo de déficit argumentando que se debe a una caída de la actividad mayor de lo esperada.
Apoyados por el FMI y la Administración estadounidense, el Ejecutivo español lleva tiempo negociando con sus socios europeos que se tenga en cuenta la dimensión del ajuste que está llevando a cabo. Montoro insistía en el Congreso hace unos días en que había logrado un ajuste estructural y por tanto permanente del 3,5 por ciento del PIB.
Es decir, solicitan que no se tenga en cuenta la caída de los ingresos y los aumentos del gasto y los intereses debido a una profundización del proceso recesivo, un hecho que impide que se cumpla con el compromiso de ajuste en términos absolutos.
Esta idea ya se encontraba mencionada en los acuerdos del Consejo de junio y sirvió para que las recapitalizaciones de entidades se hayan considerado unos desembolsos que ocurren una sola vez, que no se repetirán y que por lo tanto no se computan a la hora de alcanzar el objetivo de déficit del 6,3 por ciento.
En la reunión del FMI en Tokio también se puso gran énfasis en este concepto del déficit estructural: los recortes conducen a un deterioro del crecimiento que a su vez socava los ingresos y torna inútiles los esfuerzos de austeridad. Por eso, la institución sita en Washington recomendó que se diesen objetivos concretos de recortes y se ignorasen las desviaciones propiciadas por la coyuntura o el ciclo.
El mismo ministro de Finanzas germano, Wolfgang Schaüble, ha indicado a las autoridades españolas que está dispuesto a conceder un poco más de margen con el déficit, algo que por supuesto suscriben Francia e Italia.
Pero no todos lo respaldan. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, declaró que la austeridad era inevitable y que otra relajación de las metas de déficit supondría una pérdida de credibilidad y, por tanto, un incremento en las primas de riesgo.
“¿Pero acaso no provoca una mayor pérdida de credibilidad el hecho de que se mantengan unos objetivos que no se van a cumplir?”, comenta una fuente de Bruselas. En cualquier caso, el plácet de Berlín se considera determinante.
España tiene serios problemas para reconducir sus cuentas porque los intereses de la deuda, el coste de las prestaciones por desempleo y el gasto en pensiones se han disparado. Sólo en la Seguridad Social el Gobierno ya ha reconocido unos números rojos por valor de 10.500 millones pese a que a comienzos de año se presupuestaba déficit cero.
Al mismo tiempo, los ingresos se han desplomado y está por ver que las alzas de impuestos en IRPF, Sociedades e IVA consigan neutralizar el batacazo de este año. Mañana, Hacienda espera dar unas cifras de recaudación mejores de lo previsto.
Y todavía preocupa el hecho de que las CCAA no sean capaces de cumplir con la meta de déficit del 1,5 por ciento del PIB. Fuentes de Hacienda esperan que la asfixia financiera fuerce los recortes en las autonomías.
Por si acaso, el Estado central piensa asegurarse el cumplimiento: no entrega sin más los recursos del Fondo de Liquidez Autonómico a los gobiernos regionales, sino que exige la factura y sólo entonces transfiere el dinero. De este modo, se consigue que las inyecciones se destinen sólo a lo imprescindible, explica un portavoz de Hacienda.
