¿Cuánto defraudan al año los beneficiarios de prestaciones por desempleo en España? Si la campaña emprendida por el Gobierno en julio para destapar a los defraudadores estuviera dando sus frutos, no parece que mucho. Cada poco tiempo, el Ministerio de Empleo que preside Fátima Báñez recuerda los avances del llamado "Proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social", presentado en Consejo de Ministros en pleno verano. A simple vista, todo lo que se observa son mejorías propiciadas por la Inspección de Trabajo: aflora más economía sumergida, más infracciones de empresarios, más empresas ficticias... y más prestaciones de paro fraudulentas. Concretamente, de enero a mediados de octubre la inspección detectó a 7.375 trabajadores que cobraban del Inem y no debían, un 50% más que en 2011.
La realidad es que esos 7.375 trabajadores representan a una parte ínfima de los beneficiarios de prestaciones en España: el 0,25%, de acuerdo con el Boletín de Estadísticas Laborales que publica Empleo a fecha de agosto (lo que da a entender que el porcentaje es menor). Entre enero y agosto, cobraron el paro 2.949.267 personas. Las estadísticas del ministerio acarrean un retraso importante, y son objeto de muchas críticas.
Parece que las empresas representan un nicho de fraude mayor que los receptores de paro.
En las distintas organizaciones, foros, lobbies e institutos patronales, empezando por CEOE, siempre se eleva la petición de controlar el fraude en la cobertura del desempleo, cuando no se pide abiertamente recortar las prestaciones o vincularlas a cursos de formación obligatorios. En las últimas semanas, el runrún ha ido creciendo. Pero la realidad parece darse de bruces con los deseos: ¿hay tantos defraudadores como algunos aseguran? ¿Se destinan pocos recursos, en un contexto de recortes en el sector público y una ínfima tasa de reposición en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?
Lo cierto es que se dan más progresos en otras áreas. La lucha contra las empresas ficticias durante los nueve primeros meses del año ha destapado un incremento del fraude del 540%, con 1.123 infracciones detectadas. También se anularon 19.007 altas de trabajo ficticias, un 74% más. Y Las infracciones de empresarios en general aumentaron un 40%, con 5.000 casos localizados. Parece que las empresas suponen hoy por hoy un nicho de fraude mayor que los receptores del paro.
