El Gobierno ha agotado todo su margen de déficit en sólo 7 meses. Según los nuevos acuerdos con Bruselas, el Estado central dispone ahora de una meta de déficit para todo el año del 4,5 por ciento (un 6,3 para el conjunto de las Administraciones). Pero ni por esas. Ayer ofreció un acumulado hasta julio del 4,62 por ciento, esto es, de 48.517 millones.
El Ministerio de Hacienda alega que es normal que haya algún mes en el que se sobrepase el límite de déficit y que si se descuentan los adelantos a las comunidades, éste se sitúa en el 4,12 por ciento. Además, las entregas mensuales a las autonomías se calculaban según el anterior reparto de los impuestos y ahora se les ha liquidado dándoles una mayor parte de la tarta tal y como prevé el nuevo sistema de financiación, hecho que aumenta las transferencias y que según la secretaria de Estado de Presupuestos distorsiona hasta en un punto la cifra de déficit del Estado central. Es decir, las comunidades se han llevado unos 10.000 millones más por impuestos con la nueva distribución.
Por otro lado, todavía han de surtir efecto las nuevas medidas de ajuste aprobadas como el alza del IVA, el recorte de la paga extra de los funcionarios, los ahorros en Educación y Sanidad o el decreto de no disponibilidad de 600 millones.
Sin embargo, el resultado alberga dudas muy razonables. La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha puesto todas sus esperanzas en que el alza del IVA salve los últimos meses. Pero la economía se está contrayendo, lo que puede obstaculizar muy seriamente una mejora de los ingresos. Éstos han repuntado algo gracias a la subida del IRPF, que se incrementa un 2,3 por ciento hasta los 45.007 millones en total, y el aumento de los pagos fraccionados en Sociedades, cuya recaudación se eleva un 23 por ciento hasta los 5.895 millones.
En cambio, los impuestos indirectos siguen cayendo, un 8,1 por ciento. El IVA pierde un 9,2 por ciento y ronda los 30.000 millones de recaudación. Algunos informes que no tienen en cuenta los nuevos ajustes proyectan ya un déficit superior al 8 por ciento. Pero sobre todo el problema radica en que las comunidades autónomas no consiguen atajar las cuentas y continúan precisando de anticipos.
El gasto en personal del Estado central sigue sin bajar y se queda en una leve subida del 0,4 por ciento debido las pensiones de los funcionarios, que presionan al alza. Las transferencias a las comunidades autónomas, a la Seguridad Social y a las corporaciones locales también se elevan, un 95, un 42 y un 19 por ciento respectivamente.
La Seguridad Social registra un superávit de 2.375 millones hasta julio, lo que representa un descenso del 32 por ciento. Este dato se antoja especialmente importante si tenemos en cuenta que el año pasado se cerró con un déficit del 0,6 por ciento.
El Estado soporta ya el doble de intereses que en julio de 2011. Hemos pasado de abonar unos 10.000 millones a unos 20.000 millones. Un desvío que puede deberse en parte al calendario de los cupones, pero que no parece una explicación suficiente. En cualquier caso, los costes de la financiación bien pueden haberse encarecido cerca de un 40 por ciento y pueden depararnos una factura por intereses bastante mayor de la recogida en los presupuestos. La inversión se ha reducido en un 38 por ciento.
