El Banco Central Europeo (BCE) apunta directamente hacia los directivos que formaban parte del Comité de Compras, Daciones y Ventas de Activos de Banco Popular como los responsables de haber validado en 2014 las estructuras diseñadas por el fondo Thesan Capital para ocultar pérdidas por importe de 538 millones de euros mediante un "entramado" de testaferros y/o sociedades constituidas en Luxemburgo.
Así se desprende de una inspección realizada a Popular entre diciembre de 2016 y enero de 2018 a cuyo informe final, de carácter estrictamente confidencial, ha tenido acceso Vozpópuli.
Este órgano de Popular estaba constituido por el director de banca minorista, Antonio Pujol; la directora de la Unidad de Negocio Especializado (UNE), Carmen Riveras; el director general de riesgos, José María Sagardoy; el interventor general, Javier Moreno y el director de servicios jurídicos, Tomás Pereira.
El BCE no tiene dudas de que estos directivos conocían el papel de testaferro de Thesan Capital: "Cualquier profesional de banca se daría cuenta"
Según la institución que preside Mario Draghi, todos ellos conocían que Thesan Capital, así como José Fernando Martínez Blanco en el caso de la sociedad Gestión de Activos Castellana 40 (GAC40), no eran realmente inversores, tal y como se decía en los informes de la dirección de banca minorista, sino que ejercían como testaferros para ocultar activos adjudicados y así evitar las pérdidas que estos generarían a la entidad por su deterioro.
"En mi opinión no cabe ninguna duda de que todos los miembros del comité conocían el carácter de gestores de estas personas, puesto que es algo que cualquier profesional de banca detectaría fácilmente tras la lectura de las propuestas", sentencia Ignacio Pardo, coordinador del equipo de supervisión del BCE y del Banco de España y redactor del informe. Pardo declaró en el Congreso, pero las cláusulas de confidencialidad de Fráncfort hicieron que no pudiera casi hablar.
Sospechas hacia la cúpula
En menor grado, el BCE también involucra en el entramado al Comité de Riesgos, que presidido por Sagardoy -lo que explica que no pusiese reparos a las operaciones-, y al Comité de Dirección, cuya intervención dice que es "puntual y discutible", ya que solo consta que participase en la condonación de la deuda de 220 millones de euros a GAC40.
Además, el supervisor sospecha de Ángel Ron: "En el comité de compras también estaba presente el director de servicios jurídicos (Tomas Pereira), que dependía directamente del presidente, por lo que podemos suponer que este también estaba informado de los acuerdos adoptados".
En última instancia, el BCE también pone el foco sobre el entonces consejero delegado, Francisco Gómez, de quien dependían cuatro de los cinco miembros del comité de compras y critica los procesos de Auditoría Interna, ya que fallaron "estrepitosamente" en este asunto.
