Las diputaciones, creadas hace más de dos siglos mediante la constitución liberal de Cádiz de 1812 para reestructurar el sistema de administración territorial del Estado, se han convertido en un pozo sin fondo de gasto y deuda y sobre todo en agencias de colocación de los principales partidos políticos con un arsenal de empleados que no para de crecer (hay casi 67.000 frente a los 59.000 de hace 10 años) cuyo desempeño esencial es el de repartir las subvenciones que les llega del Estado, de las autonomías y de los ayuntamientos. Cuentan, además, con un presupuesto récord de más de 31.000 millones, sin tener que atender servicios básicos como los sanitarios o educativos, y una deuda que se resiste a bajar de más de 4.100 millones a finales de 2023 frente a por ejemplo los 3.800 millones del año previo a la pandemia (2019). 

¿Para qué sirven?  Se trata de una serie de organismos públicos de carácter provincial cuya única función concretada por ley es la de prestar apoyo a los pequeños municipios en el único país de occidente que desde la segunda guerra mundial ha aumentado el número de ayuntamientos rechazando la posibilidad de realizar fusiones mientras que muchos de los servicios que prestan, incluidas los sociales, están duplicados y deberían ser prestados por las autonomías o por las propias corporaciones locales.

Algunos partidos políticos, como Ciudadanos, llegaron a incluir en sus programas electorales su supresión. Pero, se quedó en una mera pretensión y nadie se ha atrevido a realizar reforma alguna a pesar de que algunas de las diputaciones, como la de Badajoz (que tiene contratado en empleo telemático desde Portugal al hermano músico de Pedro Sánchez) ha confirmado una vez más la sospecha de que los partidos utilizan estas instituciones para emplear a familiares, allegados y simpatizantes.

En todo caso, se trata de las instituciones públicas más controvertidas de España por su demostrado clientelismo político cuyas funciones y proyectos desconocen los ciudadanos. Son, además, instituciones con una cierta falta de legitimidad democrática que no elige directamente el ciudadano y que no rinden cuenta de sus actividades y de su gestión en ningún proceso electoral con un ingente presupuesto y un elevado número de nóminas para actividades poco acordes con las competencias que corresponden a otras Administraciones. Por si fuera poco, el millar largo de sus altos representantes no son elegidos por votación de los ciudadanos sino de los propios concejales y alcaldes. 

Su existencia tiene cada vez menos sentido a medida que ha ido aumentado el desarrollo de las competencias autonómicas. Su campo de actuación se ha ido reduciendo, limitándose al reparto de subvenciones, a cooperar con algunas corporaciones , a prestar algunos servicios sociales y a realizar algunas infraestructuras de menor orden como el mantenimiento de carreteras, o la construcción de polideportivos o de residencias de mayores. La realidad, es que no se entiende que España tenga tantos niveles de Administraciones Públicas, con evidentes solapamientos de servicios, sin que se sepa en muchos grados su grado de eficiencia y necesidad.

Unas cuentas de cuento

En la actualidad, hay 42 diputaciones provinciales de régimen común (Castilla La Mancha y Castilla y León suman nueve cada una), a las que hay que sumar siete más de los cabildos canarios, tres más de los consejos insulares baleares y otras tres forales correspondientes al País Vasco. Estas últimas, las de mayor presupuesto y deuda, tienen capacidad para recaudar impuestos.

En todo caso, una de cada cuatro diputaciones comunes ha incrementado su deuda viva en el último año. Entre ellas, se encuentra precisamente la de Badajoz con un agujero financiero de 20,3 millones frente a los 16 millones del año anterior (el alza es del 27%) cuando, por ejemplo, en 2019 era sólo de 1,9 millones. Mientras, la diputación de Almería ha incrementado su deuda más de un 80% hasta los casi 65 millones. En este grupo se encuentran también las diputaciones de Córdoba, Jaén, Teruel, Segovia, Valencia o Girona, entre otras. De las forales, destaca el aumento del pasivo de la Diputación de Vizcaya hasta los 2.295 millones frente a por ejemplo los 1.996 millones de antes de la pandemia. 

Las diputaciones se han convertido también en un peso muerto de empleo y gasto público ya que la mayor parte de sus presupuestos van destinados a pagar nóminas, gastos corrientes en bienes y servicios y a facilitar subvenciones (transferencias corrientes), y en menor medida a realizar inversiones reales y transferencias de capital para realizar infraestructuras y crear actividad y crecimiento económico. Por ejemplo, según los datos de la Intervención General del Estado, casi un tercio del gasto de las diputaciones del régimen común (8.630 millones) se destinó en 2023 a pagar al personal; un 20% se empleó para gastos corrientes; un 24% se dedicó a subvenciones y sólo un 11% se empleó para inversiones. El resto (12%) correspondió a gastos originados por la deuda y también a activos y pasivos financieros. Similares porcentaje se registraron en los consejos insulares de las Baleares (869 millones de gasto total) y cabildos canarios (2.517 millones de presupuesto) con un incremento sustancial de los gastos corrientes hasta el 32% del presupuesto.

Mientras, en las diputaciones forales vascas (con 19.153 millones de presupuesto consolidado) el gasto de personal es más limitado (4% del gasto total) mientras que su principal partida de gasto son las subvenciones (85% de su presupuesto). En total, de los 31.000 millones totales presupuestados estas instituciones, cerca de 4.000 se destinaron a nóminas, unos 3.800 millones a gastos corrientes; más de 14.000 millones  a subvenciones; poco más de 2.000 millones a inversiones reales y unos 1.500 millones a transferencias de capital. El resto son gastos financieros así como activos y pasivos también financieros.

Son las 42 diputaciones de régimen común (las comunidades autónomas unipersonales no tienen) las que más llaman la atención porque la mayoría de sus servicios son competencias de las autonomías o de los ayuntamientos. Es decir, se trata de actuaciones duplicadas o hasta triplicadas.

Así, por concepto de gasto, destaca que el 35% de su presupuesto (unos 3.000 millones) se destina a atender los servicios de la propia institución (incluidos los órganos de gobierno) y a la administración financiera y tributaria; otro 20% (casi 1.700 millones) va a servicios sociales y promoción social; un 19% (más de 1.600 millones) se emplea en actuaciones de carácter económico (entre ellas, infraestructuras y comercio y turismo); un 14% (1.200 millones) se utiliza para atender servicios básicos (movilidad ciudadana, medio ambiente o vivienda) y un 12% (1.061 millones) se aplica a la producción de bienes públicos de carácter preferente y, entre ellos, se menciona a la sanidad, educación, cultura y deporte, es decir, a servicios que no dispensan realmente ya que corresponden a actividades propias de las CCAA o de las corporaciones locales. 

Lo cierto es que las diputaciones se han convertido en agencias de autoempleo para las organizaciones políticas y a ningún partido le interesa hacer la reforma que se requiere de esta, y de las demás Administraciones Públicas, que implique menos gasto público, menos colocados y una gestión eficiente y más transparente.

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