El inédito control de precios del alquiler de vivienda aprobado por el Parlament de Cataluña suscita posiciones encontradas en el Gobierno, según apuntan distintas fuentes gubernamentales a Vozpópuli.
La ley, que entraría en vigor por fases y está respaldada por la consejera de Justicia de ERC Ester Capella, fue aprobada este miércoles con los votos positivos de la formación republicana, Junts Per Catalunya, la CUP y Catalunya en Comú Podem. El PSC, al igual que el PP y Cs y los cuatro diputados del PDeCAT, votaron en contra.
El Consejo Estatutario de Garantías, una suerte de 'Tribunal Constitucional catalán' no vinculante, ya ha dictaminado que el proyecto es esencialmente inconstitucional porque entiende que Cataluña como autonomía no tiene competencias para fijar dicho control de precios y que este además vulneraría el derecho a la propiedad privada.
Solo un recurso del Gobierno detendría la entrada en vigor de la ley antes de que se expida el Tribunal Constitucional
Por ese motivo, el PP ya ha anunciado que presentará recursos ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, los propietarios encabezados por la asociación Asval (que representa fundamentalmente a los principales fondos tenedores de vivienda) claman por que sea el Ejecutivo central el que impugne la ley catalana ya que sería la única forma de que su entrada en vigor se interrumpa cautelarmente hasta que el TC se manifieste (lo que podría tardar un año). Desde Asval se advierte de una fuga de inversiones y de los problemas que ha tenido la medida en las ciudades en las que se ha implementado (mercado negro, creación de guetos, etc.).
El sector del Ejecutivo cercano a Unidas Podemos defiende la ley ante el incremento de los precios (del 60% en los últimos cinco años en Barcelona, 30 veces más que los salarios según datos del INE y del Banco de España) y considera que entronca con el espíritu de lo acordado en el Pacto de Gobierno con los socialistas.
"Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado" y "se habilitará a las Comunidades Autónomas y/o Ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica", recogía el Pacto. El Índice de Precios ya se ha lanzado a nivel estatal pero no así la normativa que habilitaría el control de precios.
División en el PSOE
En el PSOE no solo siguen existiendo posiciones encontradas sobre el control de los precios en general sino también sobre el hecho de impugnar o no la ley catalana, que vulneraría competencias estatales. El envite catalán llega paralelamente en plenas negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado 2021, lo que pone al presidente Sánchez en un brete. Una eventual impugnación tendría que pasar por el Consejo de Ministros.
Entre las distintas fuentes socialistas consultadas se observa que algunas remarcan la potestad final del Ejecutivo para estimar si la ley catalana es o no realmente inconstitucional al margen de lo que ya ha dictaminado el Consejo Estatutario de Garantías.
"De haber aspectos o cuestiones presuntamente inconstitucionales no subsanados, el Gobierno tendría que recurrirlo"
Otras dan por descontado que la Generalitat no tiene hoy competencias ni herramientas para impulsar la regulación de los precios y que el Ejecutivo central no podría permitirse no recurrir una ley con aspectos presuntamente inconstitucionales.
"Una vez llegue el procedimiento empleado se estudiará y, si hay aspectos inconstitucionales, como sucede siempre, se iniciará un diálogo con petición formal a la Generalitat para que los subsane", resumen fuentes ministeriales de Transportes. "De haber aspectos o cuestiones presuntamente inconstitucionales no subsanados, el Gobierno tendría que recurrirlo".
Distintas fuentes jurídicas consultadas coinciden en cualquier caso en que, a día de hoy, la regulación de precios es en sí misma un asunto legalmente polémico y precisa de un marco legal a nivel estatal. La decisión del Gobierno sobre la ley catalana podría sentar un precedente.
