España ha caído en 2013 la friolera de 34 puestos en el ranking de pago de impuestos del 'Doing Business 2014', un estudio del Banco Mundial que examina la facilidad para hacer negocios en un país. La economía española retrocede tantas posiciones en un solo año, desde el 33 al 67 sobre un total de 189, fundamentalmente porque en 2013 las empresas alcanzaron una tasa de impuestos pagados sobre beneficios del 58,6 por ciento, muy por encima del 38,7 registrado en 2012. Semejante ratio supera de largo la media de los países OCDE, que suma el 41,3 por ciento en 2013.
Desglosado por capítulos, las empresas españolas abonaron por Sociedades un 21,2 por ciento frente a una media en los países de la OCDE del 16,1 por ciento; un 36,8 por ciento en impuestos laborales y contribuciones frente al 23,1 de la OCDE; y un 0,6 por ciento en otros impuestos frente al 2 por ciento de la OCDE. El informe señala que los impuestos sobre el trabajo representan el mayor coste en la Unión Europea.
En el recientemente publicado anexo 'Paying Taxes 2014', un comentario firmado por el socio de PWC Mario Lara explica con algo más de detalle las razones: “Los ingresos por el Impuesto de Sociedades habían caído casi un 60 por ciento entre 2007 y 2012, y por lo tanto era evidente que ciertos aspectos de la tributación tenían que ser reformados para reforzar la recaudación”.
“Un aumento de la presión fiscal parece casi inevitable para que el déficit se reduzca a una cifra cercana al 3 por ciento, en un contexto de una economía estancada con el 25 por ciento de tasa de desempleo”, añade.
El adelanto del pago fraccionado
La cifra del 21,2 por ciento pagado por el Impuesto de Sociedades choca con el hecho de que en 2013 sólo se recaudaron unos 20.000 millones frente a un resultado contable positivo de unos 150.000 millones y una base imponible consolidada de casi 90.000 millones, si bien buena parte de los beneficios se generaron en el extranjero y ya tributaron por ello. Así las cosas, quizás uno de los principales motivos del incremento de la presión fiscal se halla en el pago fraccionado, que en la actualidad obliga a las empresas a adelantar todos los años casi toda la cantidad que luego se liquida y que, por lo tanto, constituye un auténtico préstamo sin intereses para las arcas públicas.
El informe también menciona la eliminación y limitación de deducciones, entre las que se incluye la supresión de la libertad de amortización, el tope al 25 por ciento en las compensaciones de pérdidas de años anteriores, el coto a la deducibilidad de gastos financieros y el recorte de un 30 por ciento de la amortización deducible.
El Gobierno planea una rebaja escalonada del tipo para las grandes empresas del 30 al 25 por ciento, en dos años sin alterar mucho este nuevo esquema pulido de desgravaciones. De ahí que en su Plan de Estabilidad se contabilice una pérdida en la recaudación por Sociedades de unos 600 millones en 2015 y unos 2.000 millones en 2016. En este pequeño lavado de cara del tributo se mantendrán las deducciones por la innovación y la reinversión de beneficios. Sin embargo, se antoja muy difícil que se arregle la bola de nieve que supone el adelanto del pago fraccionado.
