El rejonazo de casi 14.000 millones que ha metido Hacienda a las empresas en solo tres meses no ha sentado nada bien en el mundo económico y empresarial. Sobre todo, la recuperación del mínimo obligatorio en el pago fraccionado que se aprobó el 30 de septiembre para cuadrar el déficit de 2016 casi en el último momento. Los empresarios y los economistas no están de acuerdo con esta medida y están metiendo presión al Gobierno para que dé marcha atrás y la elimine, como ya hizo a principios de año.
El propio presidente de la CEOE, Juan Rosell, dijo este miércoles en un desayuno informativo organizado por Europa Press que este cambio supone un “desprestigio absoluto” de la marca España y un paso atrás en materia de seguridad jurídica que puede hacer incluso que muchas empresas decidan no invertir en España. “No se puede legislar cuando el partido ya ha empezado y está a punto de acabar”, señaló visiblemente enfadado.
Y es que hasta 2015 se aplicaba otro mínimo obligatorio en los tres pagos que hacen las empresas a Hacienda a lo largo del año (abril, octubre y diciembre). Pero a finales de año, cuando parecía que las cosas iban mejor y se acercaban las elecciones, el Gobierno decidió aliviar a las empresas y eliminar ese mínimo obligatorio para 2016, al mismo tiempo que entraba en vigor la segunda parte de la rebaja de tipos de la reforma fiscal. La decisión acabó provocando un agujero en la recaudación del tributo sin parangón.
La medida que tan poco gusta a las empresas aportará unos 9.000 millones de euros y permitirá cuadrar el déficit
Tanto es así que el primer pago del impuesto, el que se hace en el mes abril, registró un descenso de casi el 50% en comparación con lo que se recaudó en 2015. Y las cosas no pintaban mejor para el resto del año. De hecho, el Ejecutivo llegó a reconocer, como publicó Vozpópuli, que el Impuesto de Sociedades recaudaría solo 12.000 millones en 2016, la mitad de lo previsto. Y todo en un momento en el que Bruselas vigilaba de cerca a España tras cancelar la multa por el desvío de déficit.
Para poner freno a esta sangría y calmar a las autoridades comunitarias, el Gobierno encontró la vía para recuperar ese mínimo obligatorio cuando aún estaba en funciones. Y lo hizo el 30 de septiembre, fijando un tipo más alto que el anterior, del 23%, para los dos pagos que quedaban en el año (octubre y diciembre). El objetivo era recaudar unos 8.300 millones, aunque parece que finalmente será algo más y rondará los 9.000 millones.
Aunque la medida no ha gustado nada a las empresas, lo cierto es que está funcionando. La recaudación de Sociedades ya está mejorando y acabará el año en niveles razonables, aunque no llegará a los casi 25.000 millones presupuestados. Pero lo cierto es que se solo un truco contable por el que las firmas adelantan parte de un dinero que después Hacienda quizá les tenga que devolver.
Desanima la inversión
Por eso empresas piden que se vuelva a eliminar, puesto que solo es un adelanto para Hacienda y resulta "muy negativo" para las empresas. "No se sabe cuánto daño se está haciendo para no conseguir nada", sostiene Rosell, que ve la medida un "despropósito" y asegura que cuando la explica fuera de España desanima y mucho la inversión.
En la misma línea se manifiesta el Colegio de Economistas, que asegura que la medida tendrá claros efectos negativos en la financiación y liquidez de las empresas porque el pago anticipado, en muchos casos, supera el importe total que las firmas tienen que pagar a Hacienda. Y esta misma razón hará que el efecto recaudatorio sea mucho menor en 2017 por el aumento de las devoluciones.
Los dos tienen claro que el efecto en las empresas es muy negativo. Y lo cierto es que un informe interno del Ministerio de Economía y Competitividad ya lo constata: reconoce que los indicadores más recientes de inversión en equipo apuntan a un “tono menos expansivo” en el último trimestre del año. Y es que lo que las empresas han tenido que reservar para Hacienda, han dejado de invertirlo en otras cosas.
