El Consejo General de Economistas (CGE) publicó este jueves una serie de propuestas económicas con la esperanza de que alguno de los partidos políticos que concurren el próximo 28 de abril en las elecciones generales decidan incluirlas en sus programas electorales, incluido el partido en el Gobierno.
Entre la enorme cantidad de planteamientos que recoge el documento, titulado ‘Por un desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible’, desde el CGE creen que es necesario apostar por una regulación a nivel estatal de los alquileres turísticos, que califican de ser un “asunto medular” en el sector turístico español.
Según afirman en su batería de propuestas, “es necesario introducir cambios en el modelo de turismo, especialmente en aquellos factores ligados al boom del turismo low cost, en las que el Estado debería marcar las reglas del juego, especialmente en cuanto a los alquileres turísticos”.
Es una medida que llevan meses defendiendo, ya que en su último informe sobre la situación nacional del sector turístico en España, publicado en septiembre de 2018, denunciaron la falta de legislación que rodea a la oferta de viviendas de uso turístico . “El desbordante e incontrolado crecimiento de la oferta de viviendas de uso turístico, distribuidas por plataformas, genera congestión, turistificación, gentrificación y algún descontento”, afirmaban por entonces.
El alquiler turístico sigue en auge
El debate sobre la regulación del alquiler turístico volvió a reactivarse hace apenas unas semanas, después de que el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena, aprobase una normativa que exige a los propietarios una licencia de actividad y contar con un acceso independiente para aquellos pisos que estén alquilados más de noventa días al año. Desde plataformas como Airbnb -líder en este sector en España- rechazan esta medida, ya que consideran que limita la competitividad económica y resulta “muy dañina para su negocio en España”.
Sólo en la capital, se estima que hay más de 10.000 viviendas de uso turístico registradas. Y es que, a pesar de que muchos ayuntamientos han puesto en marcha marcos regulatorios para abordar la situación, el número de viajeros que opta por hospedarse en apartamentos alquilados a través de este tipo de plataformas no hace más que crecer.
La dispersión de competencias contribuye al abuso en el alquiler turístico, al tiempo que muestra cada vez más la necesidad de clarificar la normativa
Durante los últimos cuatro años, el alquiler turístico ha aumentado casi un 50% en Cataluña y un 27% en Madrid. De manera paralela, en los últimos cuatro años los precios de los alquileres se han disparado en toda España. Especialmente en las grandes capitales -que junto a los destinos de costa, son los principales destinos turísticos- como Madrid y Barcelona, que han registrado aumentos del 33% y el 54%, respectivamente.
Turismofobia y economía sumergida
Desde el CGE no rechazan el concepto de alquiler turístico, sino que abogan por regular la actividad de la manera más exhaustiva posible para evitar que surja una economía sumergida y movimientos sociales como la 'turismofobia', que dañan terriblemente la "marca España". Según aseguran, el incremento descontrolado de los pisos de alquiler provoca “tensiones sociales y alerta de la necesidad de alcanzar límites, especialmente en las áreas más saturadas”.
Es por ello que han hecho un llamamiento urgente para que se ponga en marcha un marco de regulación “común y homogéneo” para que las “reglas del juego sean iguales para todos”. Van un paso más allá de lo que han hecho figuras como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y apuestan por crear una legislación a nivel estatal, ya que consideran que el turismo, uno de los pilares de la economía española, “debe constituir un proyecto común”.
A su modo de ver, la legislación que ordena el sector está demasiado repartida entre Comunidades Autónomas, gobiernos provinciales y ayuntamientos, lo que sólo genera conflictos en el marco regulatorio. “Esta dispersión de competencias contribuye al abuso y diferenciación en el alquiler turístico y muestra la necesidad de clarificar la normativa”, apuntan.
Cada vez más ciudades regulan
La enorme proliferación de pisos turísticos ha obligado a muchos ayuntamientos a ponerse las pilas en materia de regulación. Madrid no ha sido la primera ni será la última ciudad que ponga en marcha medidas, según afirman los expertos.
Cataluña fue la primera región en poner en marcha la regulación de esta actividad, hace más de siete años, y ahora la Generalitat prepara una nueva normativa. En una de las ciudades más turísticas de España, San Sebastián, se cuenta con una ordenanza que regula este aspecto desde el pasado 1 de marzo. La normativa limita el número de pisos por edificio, pone condiciones de habitabilidad, de ocupación y de superficie y obliga a comunicar la actividad a las instituciones y a la comunidad de propietarios.
Por su parte, la Comunidad Valenciana reguló esta actividad en 2018 y prohibió alquilar viviendas para actividad turística que no estén previamente registradas, con sanciones que pueden llegar hasta los 100.000 euros. Por último, puede que el municipio más tajante al respecto sea Palma de Mallorca, donde los pisos de alquier turístico están prohibidos por completo desde abril del año pasado.
