El Gobierno va a despedir a 3.000 orientadores laborales y se plantea el uso de fórmulas privadas para mejorar la recolocación de los perceptores de los 400 euros.
El ministro de Trabajo socialista, Jesús Caldera, creó 1.500 orientadores laborales para ayudar a reinsertar parados. Luego, Valeriano Gómez añadió otros 1.500. Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy ha recortado estas partidas, por lo que 1.500 orientadores se fueron a la calle el pasado 31 de julio y otros 1.500 se marcharán el próximo 31 de diciembre. Los fondos han sido suprimidos en los Presupuestos de 2012 y las Comunidades Autónomas optan por extinguir los contratos.
Al mismo tiempo, el SEPE prepara un concurso para que empresas privadas puedan recolocar parados. Y ahora Empleo se plantea si reorientar este plan para que sirva a los beneficiarios de los 400 euros. La tasa de reinserción entre estos desempleados se ha desplomado hasta el 6 por ciento.
El gran inconveniente de esta iniciativa es que tiene presupuestados únicamente 12 de millones de euros. A 1.000 euros por persona reubicada, sólo atendería a 12.000 ciudadanos. De modo que se busca la manera de aumentar la partida y devolver el Plan Prepara a sus principios fundacionales basados en el reciclaje.
Estas prácticas han disfrutado de bastante éxito en países como Reino Unido o Francia. Los británicos dan un dinero a la empresa privada por trabajador recolocado, mientras que los franceses pagan por un proceso de reorientación laboral porque entienden que el simple pago sin control incentiva a la empresa a dedicar sus esfuerzos sólo a los más empleables.
Además, menos del 5 por ciento de los desempleados obtiene trabajo por los servicios públicos. Y la reforma laboral ya ha abierto la puerta a que las empresas privadas intermedien en el mercado de trabajo.
Por otra parte, el Gobierno se ve ahora enfrentado con el problema de que ha presupuestado mal los fondos destinados a Empleo para 2012, que se precisan más y que había preparado la defunción del plan Prepara (los 400 euros) para el periodo 2013-2014. Los actuales Presupuestos registran un tajo del 56 por ciento a las políticas de empleo. Así que, faltos de recursos, han congelado toda la oferta de formación durante 2012, precisamente cuando el mayor problema del paro español radica en la escasa instrucción de los desempleados del ladrillo. No en vano, el 72 por ciento de los acogidos al Plan Prepara carece de estudios primarios.
Otra preocupación del Gobierno es el grado de fraude encontrado en los subsidios. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría denunció hace poco que la Inspección de Trabajo había detectado que 4.379 trabajadores de una muestra de 10.209 estaban cobrando el paro pese a que tenían una ocupación.
