El órgano brasileño de lucha contra los monopolios ha multado a 11 empresas y 42 ejecutivos por la formación de un cártel al distribuirse ilegalmente varias de las licitaciones de los últimos 15 años para la construcción de metros en cuatro estados del país, informaron este lunes fuentes oficiales.
El Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), que actúa en la esfera administrativa, concluyó que empresas, algunas de ellas multinacionales extranjeras, y funcionarios interfirieron en el resultado de al menos 26 proyectos relacionados con licitaciones públicas entre 1999 y 2003.
Las once compañías, entre las que se encuentran la francesa Alstom, la canadiense Bombardier, la española CAF y la japonesa Mitsui & Co, deberán de pagar en total una multa de 515,6 millones de reales (135,6 millones de dólares), según un comunicado del Cade.
Los 42 ejecutivos, por su parte, fueron condenados con una multa total de 19,5 millones de reales (5,1 millones de dólares).
Cárteles para la construcción del metro
El Cade afirmó que comprobó la formación de cárteles para la construcción del metro en ciudades de los estados de Sao Paulo, Brasilia, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, donde los participantes se dividían las licitaciones y acordaban los valores de las propuestas presentadas en los concursos, según el organismo oficial.
Las investigaciones empezaron en mayo de 2013 a partir de la firma de un acuerdo de lenidad
"El objetivo del cártel era dividir el mercado, fijar precios, ajustar condiciones, ventajas y formas de participación de las empresas en las licitaciones", señala el comunicado.
Para ello, los miembros que integraron el cártel utilizaron diversas estrategias, como la suspensión de propuestas, la formación de consorcios y la realización de subcontrataciones y, en algunos casos, contaron con la colaboración de consultorías especializadas, según el Cade.
Las investigaciones empezaron en mayo de 2013 a partir de la firma de un acuerdo de lenidad celebrado entre Siemens, el Cade, el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público del estado de Sao Paulo.
Entonces, el órgano de combate a los monopolios obtuvo autorización para realizar allanamientos en las sedes de las empresas sospechosas de participar en cárteles y logró pruebas sobre negocios irregulares.
