Mientras la supervivencia de la Semana Negra de Gijón pende de un hilo, una historia que encajaría en cualquier novela de ese certamen tiene lugar en la ciudad astur. Se trata de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en un centro especial gijonés firmado por CCOO, UGT y Fundosa –una Fundación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)- y que afecta a 152 trabajadores discapacitados.

Creado en 1981, el centro especial de empleo Apta (acrónimo de la Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo) empleaba hasta ahora a 340 trabajadores, el 80% discapacitados psíquicos –la mayoría- y físicos. Fue fundado por ocho familias con hijos inválidos, las cuales pertenecen a la actual Junta Directiva de Apta. Fue ahí, en la junta, donde empezaron los problemas del centro.

En tres décadas, Apta, dedicada al “diseño, fabricación y comercialización de prendas de protección laboral” pasó de ocho a 340 trabajadores. Y al parecer, el centro ha ido recibiendo cuantiosas subvenciones de diversas administraciones en los últimos años: la ciudad, el Principado, partidas estatales…

Empresas paralelas

Sin embargo, durante ese tiempo las cuentas de la empresa no fueron tan bien. Como explican varias familias, al menos tres miembros de la junta directiva –empezando por el director del centro, Mario Menéndez- crearon empresas con idéntico cometido al de Apta. “No solo nos hacían la competencia”, cuenta una madre afectada, “sino que en las asambleas nunca enseñaron a los demás padres ni una sola cuenta, ni una sola factura. Nada”.

Y así, los problemas continuaron hasta que en 2006 aterrizó la ONCE, que tomó posesión del 40% del centro especial de empleo, frente al 60% que poseía la asociación de padres. Las subvenciones continuaron en esa época –“sin ningún control”, señala otro padre afectado- hasta finales de 2011, cuando la situación estalló por la mala gestión de la dirección del centro. “Los responsables de la junta, los mismos que habían creado otras empresas, convocaron una asamblea en la que nos dijeron: o aprobamos el ERE o la ONCE cierra el centro”. La gente votó a favor.

Dirigentes increpados

La asamblea aprobó el ERE, que pasó a manos de los sindicatos más representados: CCOO –con mayoría absoluta- y UGT. A finales del pasado mes de febrero, las dos organizaciones sindicales firmaron con Fundosa el expediente: a 104 trabajadores se les extingue el contrato y a otros 48 se les aplica un ERE temporal, de un año.

Las centrales minoritarias, como USO o CSI, critican que CCOO y UGT les han “vendido”. El pasado jueves, el secretario general de CCOO en Asturias tuvo que acudir escoltado a una charla sobre la reforma laboral. Los sindicatos, en cambio, alegan que la decisión del ERE la tomó la asamblea y que no había otra alternativa ante los pésimos resultados económicos de la empresa. Varios padres critican que el comité de empresa no les ha reunido y que quizás hubiera sido mejor un concurso de acreedores. Y a 152 discapacitados les espera la calle. Pura novela negra.