El Gobierno quiere agilizar cuanto antes el pago a los proveedores de los entes locales. En los últimos días, Economía ha cerrado las negociaciones con el grupo de entidades que conformarán el sindicado bancario sobre el que se articulará el crédito que abonará las facturas impagadas de los Ayuntamientos. La gran banca liderará este préstamo que contará con una aportación del ICO de hasta 10.000 millones. Santander, BBVA y La Caixa tendrán que hacerse cargo de cerca de 15.000 millones de los 35.000 millones del fondo de compensación que ha previsto el Gobierno.

A cada una de estas entidades le corresponde, de forma individualizada, una aportación cercana a los 5.000 millones. Eso se debe a que Economía ha organizado el crédito de manera que cada una de las entidades tendrán que pagar facturas en función de la cuota de empresas de las administraciones públicas que forman su base de clientes.

Bankia, Sabadell, Popular o Deutsche Bank también forman parte de este sindicado bancario que integran una decena de entidades. "Hay algún banco más que puede entrar finalmente porque el sindicado aún no está cerrado del todo", explican fuentes conocedoras del proceso. No en vano, en el sector se considera que esta "ayuda" que solicita el Estado para solucionar el desfase en los pagos tendrá su contrapartida en el actual proceso de reestructuración financiera. "Toda entidad que quiera tener relevancia en las fusiones futuras no le queda más remedio que estar presente en este sindicado", asumen desde un banco.

En algunos casos, como Deutsche Bank, la entidad también ejercerá de acreedor al haber completado una operación de 'factoring' con Grifols. La multinacional de hemoderivados ha vendido facturas pendientes de cobro, la mayoría de hospitales españoles, con un descuento del 8%.

El crédito sindicado de la banca estará avalado por el Tesoro público, que a su vez contará con la contragarantía de la participación en los ingresos del Estado de los ayuntamientos. El Fondo para la Financiación de las Administraciones Territoriales (FFAT) creado ahora por el Gobierno prestará un total de 20.000 millones a los municipios y unos 15.000 millones a las comunidades autónomas.

Según fuentes conocedoras de la operación, cada ayuntamiento realizará el pago directo a los proveedores. Los consistorios recibirán el dinero correspondiente del montante total de las facturas que hayan presentado de ese fondo de titularidad pública al que aportarán fondos tanto el ICO como el sindicado bancario. Una vez recibido el dinero, los entes locales abonarán a los proveedores sus facturas por los canales habituales.

A lo largo de la negociación, Economía estudio la posibilidad de que los bancos abonarán directamente las facturas a los proveedores mediante dos vías: transferencia bancaria o un 'bono express', un documento de pago que se haría efectivo al día o dos días de presentarlo en las sucursales. "Se ha desechado esta opción para evitar que las oficinas se saturasen de proveedores", explican desde una entidad.

Los ayuntamientos deben enviar al Ministerio de Hacienda el listado de sus facturas pendientes de pagar antes del próximo 15 de marzo. Las autonomías deben hacerlo antes de final de este mes. Entonces se abrirá un plazo para que los proveedores presenten alegaciones en caso de no encontrar en ese registro las cantidades que les adeudan las administraciones.

La prioridad en el pago de las facturas se establece en función de dos parámetros: la antigüedad o si el pago se encuentra ya en fase judicial. En última instancia, Economía ha decidido suprimir la opción de quita que había estudiado en algún momento del proceso. "Eso no quita que haya determinadas empresas que puedan llegar a un acuerdo con una entidad financiera para que ésta le compre la deuda. Pero serán acuerdos privados y no un mecanismo que contempla la operación acordada entre Economía y la banca", explican desde una entidad.

Las corporaciones locales y regiones que pidan el crédito —para recibirlo deben presentar un plan de ajuste que Hacienda debe aprobar— disponen de un plazo de diez años para devolverlo. A partir del quinto será el Estado el que ejerza de avalista ante las entidades financieras. Además, hasta el segundo año ayuntamientos y autonomías solo pagarán el tipo de interés del préstamo, que será equivalente al que paga ahora el Tesoro por sus bonos a cinco años más 115 puntos básicos. O lo que es lo mismo, cerca de un 5%.

Los proveedores de los ayuntamientos empezarán a cobrar el 1 de mayo y los de las autonomías, el 15.