La operación entre La Caixa y Banca Cívica conllevará uno de los mayores ajustes de capacidad del actual proceso de reestructuración financiera. La fusión podría significar la salida de un entorno de 15.000 trabajadores, la mayoría por la vía de las prejubilaciones en el caso de la entidad catalana, y el cierre de alrededor de 2.000 oficinas por todo el territorio, según las previsiones del sector. La mayor parte de la reducción tanto de plantilla como de sucursales tendrá que soportarle la entidad que preside Isidro Fainé, que apenas ha realizado ajuste en todo este proceso.
En sus cifras de cierre de año, la entidad catalana reconoce que cuenta con una red de 5.196 oficinas y casi 25.000 empleados (24.915). De hecho, el único ajuste en sucursales que efectuó La Caixa en 2010 fue el cierre de 213 establecimientos, la mayoría de ellos provenientes de la fusión con Caixa Girona. Así lo reconoció Juan María Nin, consejero delegado de la entidad, durante la presentación de resultados anuales de 2011.
En ese mismo foro, tanto Nin como Fainé reconocieron que se necesitaba un ajuste adicional de otro 20% a la reducción de capacidad que se ha venido efectuando en los tres últimos años. Desde 2009, según los cálculos de los gestores de La Caixa, se han cerrado unas 4.000 oficinas en España y facilitado la salida a unos 20.000 trabajadores. "Además de boom inmobiliario, hubo otro boom de sucursales y eso ahora también necesita su ajuste", reconocen en uno de los grandes. Incluso desde una auditora reconocen que el proceso de reestructuración culminará con el cierre de otras 3.500 oficinas y la salida de otros 20.000 empleados del sector.
Con independencia del coste financiero de la operación, en el sector se calcula, en comparación con otros procesos de adelagazamiento de estructuras recientes, que La Caixa tendrá que asumir un coste superior a los 4.000 millones de euros entre prejubilaciones, bajas incentivadas y cierre de sucursales. En el caso de Bankia, el coste de la reestructuración del grupo que preside Rodrigo Rato superó los 2.000 millones de euros, con algo menos de la mitad del ajuste.
"Fainé siempre ha sido muy respetuoso con lo pactado en los acuerdos laborales y no pensamos que vaya a acogerse a la nueva reforma laboral para esta salida de trabajadores. Tendría un coste social demasiado alto y la forma de ser de Fainé no va por la vía de los despidos o salidas pactadas por debajo de lo pactado", asumen desde Comfia CCOO, el sindicato mayoritario en la entidad catalana.
El redimensionamiento de la plantilla le permitiría a La Caixa mejorar su ratio de eficiencia, en el 51,5% al cierre del cuarto trimestre de 2011, una de las premisas del sector ante la caída del negocio en los últimos meses. De hecho, aunque la entidad catalana logró reducir un 4% sus gastos de explotación en 2011 frente al año anterior, la partida destinada a personal aumentó en un 2,7% (de 2.144 millones en 2010 a 2.201 millones en 2011). Precisamente, los costes de explotación son una de las cifras que castiga sobremanera la cuenta de beneficios de La Caixa, cuyas ganancias prácticamente equivalen a los ingresos por sus participaciones en Repsol, Telefónica o Abertis.
En paralelo al futuro acuerdo laboral de la integración, que aún no ha empezado a definirse entre sindicatos y la entidad catalana, Caixabank anunció ayer que someterá a votación de su próxima Junta General, prevista para el 19 de abril, la autorización al Consejo de Administración de la facultad de poder realizar dos ampliaciones de capital, en el plazo de cinco años, cercanos a los 7.000 millones. Una de ellas, de 1.920 millones, mediante aportaciones dinerarias. La segunda, de 5.000 millones, se ejecutaría a través de la emisión de valores convertibles o canjeables en acciones de Caixabank. Desde la entidad catalana se niega que estas ampliaciones se hayan previsto para acometer el proceso de compra de Banca Cívica.
