Aunque para sorpresa de los periodistas no sucedió el pasado viernes durante el Consejo de Ministros, la liberalización parcial de infraestructuras y servicios de transporte es un hecho anunciado por el propio Gobierno. Y las empresas que quieren entrar en ese pastel se mueven lentamente. Renfe Operadora es una de las porciones más jugosas de esa tarta, la más grande probablemente en volumen de negocio.
Pero el dulce ferroviario no se digerirá rápidamente, sino por etapas. La liberalización del transporte de viajeros prioriza claramente las distancias cortas. Por lo pronto, las firmas interesadas en penetrar en el sector –todas ellas grandes compañías, nacionales y multinacionales- parecen menos proclives a invertir en la Larga Distancia por el elevado coste. Así pues, de entrar capital privado en Renfe Operadora lo hará en recorridos de Media Distancia, Cercanías y Regionales. También se prevé una mayor apertura en el transporte de Mercancías, siguiendo la estela del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue quien abrió la espita en este sector.
Concesiones y descentralización
Busca así el Ministerio de Fomento, comandado por Ana Pastor, una vía híbrida, a caballo entre los modelos británico, el más privatizado y competitivo, y el alemán, liberalizado pero menos. La entrada de compañías se hará a través de concesionarias por un periodo de 10 o 12 años. La experiencia en otros países revela que amortizar una concesión ferroviaria puede tardar 25 años, por lo que las empresas que alquilen la gestión de trenes reclamarán tiempo para obtener ganancias.
La Larga Distancia quedará como el gran asunto pendiente, especialmente si se trata de trenes de Alta Velocidad. Un tren AVE cuesta alrededor de 25 millones de euros. Un kilómetro de vía rápida ronda los 20 millones. Y luego está el mantenimiento. Tan elevadas sumas alejarán a las empresas del largo recorrido, apuntan varias fuentes. "No parece que en estos momentos vaya a surgir un Ferrari español capaz de lanzar un tren de alta velocidad, como el que conecta Nápoles con Roma".
Además, algunas fuentes apuntan a que el Gobierno del PP persigue una gestión más descentralizada, fomentando la competencia entre Comunidades Autónomas. Estas y otras cuestiones se despejarán cuando el Gobierno del PP anuncie la liberalización.
A nivel europeo, España es de los países con mayor peso estatal en su operadora ferroviaria. Reino Unido es el líder de los trenes privados, seguido de otros países ricos como Suecia, Alemania, Dinamarca, Austria o Países Bajos, según un índice elaborado por Deutsche Bahn, el operador germano. En el reverso, aparte de España también hay países en los que el estado juega un rol primordial en el transporte por ferrocarril: Noruega, Finlandia, Suiza, Luxemburgo o Francia.
Voces discordantes
Para Juan Manuel Martínez, de la consultora Eurogestión, “ya era hora” de que llegase la liberalización. “Estamos en la cola en la parte de Mercancías, porque se hizo tarde y mal. No seamos los últimos en Viajeros: podemos aplicar un modelo agresivo en Cercanías, buscando invertir incluso en el extranjero, como ya hacemos en La Meca (Arabia Saudí) o en Latinoamérica”.
En cambio, los sindicatos no están de acuerdo con los planes del Ejecutivo. El secretario confederal de Política Sectorial de CC.OO., Javier Jiménez, declaró a RTVE que, "de confirmarse la liberalización, se daría un nuevo paso hacia la discriminación y el desequilibrio entre las distintas comunidades autónomas". Según Jiménez, el sector de las mercancías ya está liberalizado y eso no ha derivado en una mejor cuota de ese tipo de transporte ni en una mayor eficiencia. Las centrales también alertan de que las compañías perseguirán rentabilidad, lo que puede suponer la retirada de trayectos que den pocos beneficios.
