Los fondos buitre vuelven a aletear por España. A precios de saldo, están dispuestos a comerse una parte del inmobiliario podrido en el sistema financiero y han empezado a negociar con algunas entidades que consideran más necesitadas. Sin embargo, éstas han rechazado los precios que ofrecen porque esperan que al final haya algún tipo de aval público o esquema de protección de activos que aminore sus pérdidas.

El plan inicial de Guindos consistía en que se sanease el inmobiliario en manos de la banca para que ésta pudiese venderlo y reiniciar su actividad. No obstante y pese a que se han llevado a cabo unas cuantas ventas, las entidades se están resistiendo a esta solución.

En principio, los bancos están provisionando los activos problemáticos en libros para poder soportar que se rebajen sus valoraciones hasta en un 80 por ciento en el suelo; un 65 en la vivienda no terminada y un 35 en la terminada. Y este proceso debe culminarse para el 31 de diciembre. Pero cuando los inversores internacionales han examinado estas carteras, se encuentran con que habría que aplicarles descuentos mucho mayores. Opinan que el Banco de España ha sido demasiado benévolo con ellas.

De hecho, fuentes del sector sostienen que la banca ha aprendido de los años 90. Durante esa década, las entidades fueron capaces de retener el ladrillo y enajenarlo años más tarde con pingües beneficios mediante las inmobiliarias que crearon.

Sociedades inmobiliarias

La propuesta que se baraja en estos momentos es que cada entidad pueda crear su propia sociedad inmobiliaria. Sin embargo, para que ésta pueda aparecer fuera de los balances del banco y por tanto liberarlo de la carga, debe haber un tercero que tenga el control de esa sociedad. Eso significa que habría que venderlo a uno de estos fondos buitre y asumir las pérdidas. Pero el agujero producido al anotarse las minusvalías hundiría la entidad. Así que éstas aguardan a que haya un esquema de avales públicos que les permita reducir las pérdidas.

El inconveniente de esta opción radicaría en que Bruselas puede calificarlas como ayudas públicas. Y en ese caso correríamos el riesgo de que la UE obligue al Estado a convertirlo en parte de su deuda.

Otra posibilidad se basaría en el banco malo alemán, que también precisa de avales públicos. Según este plan, se traspasarían los inmuebles a una sociedad y ésta abonaría esos activos mediante unos bonos que emitiría respaldados por garantías estatales. A cambio del aval, el banco pagaría un interés al Estado y con esos bonos recibidos de la sociedad inmobiliaria podría acudir al BCE para lograr liquidez. O sea, por arte de ingeniería financiera podría conseguir financiación a cambio de pérdidas. Sin embargo, esta propuesta necesita de un capital inicial que constituya la sociedad y no parece que el Fondo de Garantías o el Frob tengan pulmón para tanto.

El problema sigue siendo que hará falta dinero. Habrá que esperar a los próximos días para ver qué conejo saca de la chistera Guindos con tal de no poner los fondos.