Abengoa lleva meses buscando financiación para las dos últimas plantas termosolares que tiene previsto construir en España, ubidadas en la localidad extremeña de Logrosán (Cáceres). Las centrales tendrán 50 megavatios de potencia instalada (MW) cada una y supondrán una inversión de unos 500 millones de euros.
Ambas están inscritas en el prerregistro de Industria, la lista de espera del Ministerio en la que figuran las plantas previstas de aquí a finales de 2013, a las que no afecta la moratoria que decretó el departamento de José Manuel Soria para las subvenciones (con cargo a la tarifa eléctrica) que reciben las tecnologías limpias por su producción. Sin embargo, de momento, el grupo andaluz no encuentra quien financie esas instalaciones.
En julio pasado, la compañía que preside Felipe Benjumea ya comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que todavía no había conseguido amarrar los créditos necesarios para llevar a cabo la construcción de las centrales, aunque confiaba en que “el cierre financiero de estas dos plantas se produzca a lo largo de 2012” y decía que “prevé cumplir” con los plazos del prerregistro, por los que la puesta en marcha debería producirse antes de 2014. “Se están realizando ciertos trabajos de construcción para asegurarse el cumplimiento de este plazo", indicaba. Según la propia Abengoa, construir una central de este tipo lleva un mínimo de 18 meses.
El grupo es líder mundial de esta tecnología y cuenta con un tercio de la potencia instalada en España
Desde entonces, el entorno financiero y regulatorio se ha complicado, tras la aprobación del anteproyecto de ley para la Sostenibilidad Energética, que actualmente tramita el Senado y que contempla, además de una tasa general a la generación eléctrica (6%), un recorte de primas para la energía termosolar por la vía de privar de incentivos a la producción que se realice con gas natural.
Fuentes del sector explican que, en la actual coyuntura, la única opción para los promotores termosolares para acometer la financiación de estos proyectos es recurrir a la deuda corporativa, ante las dificultades para cerrar rondas mediante la modalidad habitual para este tipo de iniciativas, el project finance (deuda asociada a un proyecto concreto).
El sector, que está copado por inversores internacionales, ya ha advertido al Gobierno de que iniciará un arbitraje internacional contra el Reino de España si se consuma el recorte.
La compañía, líder mundial en esta tecnología, cuenta ya con 580 MW instalados en España (sola o con sus tres socios: E.ON y las niponas JGC e Itochu). Esa cifra supone un 32,5% de la potencia total que actualmente tiene operativa en España la energía termosolar, que sigue instalando plantas pese al bajón de la demanda y al exceso de capacidad del sistema eléctrico.
Hasta septiembre, la deuda neta del grupo sevillano ascendía a 8.143 millones de euros, frente a los 5.468 millones de un año antes y los 7.423 millones de finales de junio.
