Nueva vuelta de tuerca a la adjudicación por parte de la Generalitat de Cataluña de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL) al consorcio liderado por Acciona. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de dar la razón al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) en su decisión de revocar la adjudicación deja al Gobierno autonómico contra las cuerdas y a las puertas de tener que afrontar una indemnización multimillonaria.
La única tabla de salvación que en la actualidad tiene el Ejecutivo que preside Artur Mas es el Tribunal Supremo, instancia a la que puede recurrir la decisión del TSJC como hará en su caso Acciona. El recurso dilataría nuevamente el proceso y regalaría un poco más de tiempo a la Generalitat para estudiar la forma de afrontar la compensación a la sociedad concesionaria en el caso de que el Alto Tribunal tampoco le dé la razón.
La indemnización se situaría cerca de los 400 millones de euros, toda vez que a los 300 millones que pagó el consorcio que lideran Acciona y el banco brasileño BTG Pactual habría que sumar los gastos en los que ha incurrido el consorcio en la explotación de ATLL, que comenzó el pasado 1 de enero, así como las inversiones que ha necesitado llevar a cabo.
El recurso al Supremo frenaría este proceso y, del mismo modo, evitaría con casi toda seguridad que la sentencia del TSJC fuera ejecutada, como así solicita Aguas de Barcelona, la compañía que se quedó a las puertas de la adjudicación y que inició la vía judicial con el recurso a la decisión de la Generalitat.
Difícil ejecución inmediata
La compañía con sede en Barcelona sostiene que la anulación de la adjudicación debe ejecutarse de manera inmediata, independientemente de si tanto Generalitat como Acciona recurren la decisión del TSJC al Tribunal Supremo. Sin embargo, con un recurso de por medio se antoja complicado, toda vez que los recurrentes podrían solicitar medidas cautelares y que, además, la gestión de ATLL no podría quedar sin atender a la espera de la resolución de los tribunales.
También surgen dudas a la hora de interpretar lo que dicta el TSJC sobre el futuro de ATLL, es decir, sobre si la Generalitat debería repetir todo el proceso y repetir el concurso o si tendría que conceder la adjudicación directamente a Aguas de Barcelona.
En el primero de los casos, el Gobierno autonómico debería devolver el dinero anticipado por el consorcio de Acciona pero no podría reponerlo inmediatamente por el del nuevo concesionario al tener que llevar a cabo un nuevo proceso, por lo que las cuentas de la Generalitat podrían sufrir un notable desequilibrio.
Si la decisión de los tribunales supusiera adjudicar ATLL directamente a Aguas de Barcelona, el proceso volvería a acabar en manos de la Justicia, toda vez que el consorcio rival considera que la oferta de Aguas de Barcelona no cumplía con los preceptos contemplados en el pliego.
