Varios miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía acudieron esta mañana a la sede de Acciona en Madrid para exigir nueva documentación al grupo en el proceso de investigación que lleva a cabo el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza,José Ignacio Martínez, sobre el escándalo del Zaragoza Plaza y el desvío de decenas de millones de euros por parte de los directivos de la UTE que gestionaron su desarrollo. El monto total del dinero desviado podría alcanzar los 80 millones de euros.
Los policías se personaron en la sede de la compañía a primera hora de la mañana. Acciona ha mostrado desde el principio toda su colaboración y ha entregado a los policías la documentación exigida, especialmente, unas facturas de servicios y viajes contratados por Acciona con una agencia de viajes para algunos de sus directivos.
En este caso, la petición de documentación entra "dentro de la normalidad del proceso de investigación. Es una diligencia más", señalan desde Acciona.
Los policías, tras recibir la documentación, han abandonado la sede de Acciona en Alcobendas (Madrid). Ésta es la segunda vez que la UDEF registra las oficinas de Acciona. En abril pasado, por orden del juez, registraron las sedes tanto de Madrid como de Zaragoza.
Durante estos meses, la UDEF ha estado trabajando en el nuevo informe sobre el Caso Plaza y ha detectado nuevos concursos amañados por el ex gerente, Ricardo García Becerril. Éste ordenó a su director técnico, Miguel Ángel Pérez Cervantes, que "reajustara" la puntuación de la oferta presentada por Necso (ahora Acciona) y MLN a la segunda fase de la urbanización "siguiendo instrucciones de la Consejería". La UDEF subraya que sin la elevación de la puntuación "en los criterios discrecionales" la UTE que finalmente resultó adjudicataria de la obra "seguramente no hubiera pasado el corte a la segunda vuelta", informa el Heraldo.
El documento policial consta de 80 folios y cinco anexos con los correos electrónicos del ordenador que García Becerril tenía en Plaza y que probarían irregularidades no solo en la adjudicación de la segunda fase de la urbanización de Plaza, sino en la propia gestión del proyecto, "connivencias irregulares" entre la sociedad pública, la adjudicataria y la ingeniería que debía dirigir, supervisar y controlar las obras, Intecsa-Inarsa. Además, se recogen ‘emails’ del exdirectivo que demostrarían otras irreguridades, como compras de material electrónico, servicios y hasta un viaje para la familia Becerril que pagaron contratistas de Plaza, señala el Heraldo.
Lo que hace ahora la UDEF con el nuevo registro de esta mañana es tratar de confirmar que esas facturas de viajes son reales y quiénes las pagaron, porque hay sospechas de que fueron los contratistas los que agasajaron al ex directivo del Plaza para conseguir hacerse con los contratos de obras.
El magistrado Martínez vienen investigando desde hace meses el presunto desvío de decenas de millones de euros de las obras de construcción del Polígono Logístico de Zaragoza-Plaza y fue el que envió sendas comisiones judiciales a las sedes que Acciona en Madrid y Zaragoza en abril en busca de documentación sobre dichos trabajo y que la empresa de los Entrecanales, que era la que encabezaba la UTE, aún no le había remitido. La compañía cuenta con dos directivos imputados en la causa.
Las pesquisas policiales han conseguido documentar el desvío de cerca de diez millones de euros de la plataforma logística de Zaragoza, pero el volumen de facturas que aún queda por estudiar es tan elevado que los responsables de la investigación no dudan en que esta cifra se multiplicará al término de las pesquisas.
El actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, hermano del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, fue la persona que realizó la primera denuncia el pasado mes de mayo y la que aportó los primeros documentos del millonario fraude. Fue también él quien hizo una primera valoración del 'agujero' ocasionado presuntamente por las actividades de varios directivos de la propia empresa pública y de la UTE que participó su desarrollo: 80 millones de euros, un tercio de los cerca de 260 millones que costó finalmente la obra.
La Fiscalía Anticorrupción realizó hace ahora un año una operación policial en la que fueron detenidos el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril,su director técnico, Miguel Ángel Pérez, y el ingeniero de la consultora contratada para que vigilara el correcto desarrollo de los trabajos, Nico Groeneveld. Además, se registraron una veintena de inmuebles, entre ellos las oficinas de la propia sociedad Plaza y un contenedor de obra donde se localizó ingente cantidad de documentación de las obras bajo sospecha. Poco después, el juez extendió la acusación a los dos directivos de Acciona,José María Jordán y Miguel Ángel Bretón. Los delitos de los que se acusa a los cinco imputados hasta ahora son malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental continuada y blanqueo.
Los investigadores apuntan a que el supuesto desvío de dinero se produjo por cuatro vías diferentes: el cobro de trabajos de saneamiento no realizados, sobreprecios sobre otras obras sí realizadas, certificaciones fraudulentas y facturas falsas para cargar gastos inexistentes. La principal amenaza para Acciona como empresa es mucho más concreta: las certificaciones de obras supuestamente expedidas por sus directivos y que, en al menos dos casos, se realizaron cuando la reforma del Código Penal ya hacía a las empresas responsable penal de los delitos de sus empleados si no hubieran ejercido sobre ellos el control debido o si la propia mercantil hubiera sido la principal beneficiada del fraude.
