El accionista minoritario T.P. denunció el pasado 31 de julio ante el juzgado mercantil número 2 de Madrid las cuentas de ACS, demanda que fue admitida a trámite, y el pasado viernes entregó un escrito a la CNMV instando al regulador a que obligue a la reformulación de cuentas de 2011 de la empresa.
El documento recoge que la constructora que preside Florentino Pérez contestó a la demanda “amparándose en la CNMV”, argumentando que el regulador “nunca le ha exigido la reformulación de sus cuentas anuales”. La entidad señala que “con posterioridad al referido requerimiento de 7 de julio de 2010, la CNMV no ha exigido ningún tipo de información ni aclaración a ACS en relación con los informes financieros anuales de 2010 y 2011.”
Todo esto supone “la plena conformidad” del supervisor, en opinión de ACS, que recoge el papel entregado en la comisión. El minoritario denuncia en su escrito que “ACS pretende justificar sus infracciones jurídico-contables amparándose en la conformidad de la CNMV”.
De esta manera, el inversor (antiguo ejecutivo de Dragados y en poder de un mínimo paquete accionarial) se dirige al supervisor para “denunciar las prácticas contables irregulares cometidas por ACS” y “poner fin de una vez fin a dichas prácticas fraudulentas, obligando a la mercantil a la reformulación de las cuentas el ejercicio 2011”.
Como dato curioso, merece la pena destacar el tono amenazante al final del escrito, en el que indica que “en caso de detectar inacción”, se reserva las medidas jurídicas “incluso de orden penal” contra la nueva presidenta del organismo, Elvira Rodríguez o su predecesor, Julio Segura.
En la CNMV indican que estudiarán jurídicamente el documento, "como hacemos con todos", para clasificarlo como denuncia o simple queja y entonces actuarán en consecuencia, tramitando como proceda el escrito. El propio minoritario califica el escrito como denuncia, aunque de momento sólo es un documento aceptado en los registros de entrada del organismo.
Pérdidas ocultas
La querella admitida a trámite denuncia que ACS presentó en su junta anual de accionistas unos beneficios “ficticios” de 766.971 miles de euros, “frente a unas pérdidas brutas reales a registrar de 1.495.044 miles de euros, que se deducen de la correcta aplicación de la norma contable”.
Está sustentada en sendos informes de un economista Censor Jurado de Cuentas y un Catedrático de Economía, argumenta que a pesar de que ACS recoge en su balance las pérdidas derivadas del deterioro de la inversión en Iberdrola (de 1.791 millones de euros) “no la registra en la cuenta de resultados consolidada”.
Asimismo denuncia una infracción del equity swap sobre la participación en eléctrica que preside Ignacio S. Galán, que “a partir del ejercicio 2009, ACS contabilizaba como un activo (como si fueran suyas las acciones del subyacente) y un pasivo (como si le hubiesen concedido un crédito en relación a las acciones) cuando la única realidad es que debía registrarse lo que es el equity, un derivado y con registro en cuenta de pérdidas y ganancias de sus cambios de cotización”.
Por tanto, solicita la impugnación de la Junta y la reformulación de cuentas, recordando, además, que el presidente de ACS manifestó en la junta su voluntad de “fomentar la generación de valor para nuestros accionistas, con una atractiva política de dividendos”, aunque sólo un mes después de dicho evento, los resultados de la constructora fueron en 1.233 millones de euros, lo que llevó a Pérez a afirmar posteriormente que “es seguro, que, con estos resultados, el dividendo a cuenta no se puede dar”.
