Dos pesadas losas caen estos días sobre el grupo ACS, la compañía que controla Escal UGS, que ha sido la encargada de construir y desarrollar el almacén subterráneo del Castor. Hasta que no se conozca en profundidad el resultado de la auditoría encargada por Industria sobre a qué se destinaron los 1.300 millones de euros que ha costado el Castor y no se depuren las responsabilidades sobre cuáles han sido las causas de los terremotos, el grupo que preside Florentino Pérez no podrá disponer de la autorización definitiva de operación del almacén subterráneo.
Porque, según confirman fuentes cercanas al Ministerio de Industria, Escal UGS dispone ahora mismo de una "autorización provisional que no es definitiva, por lo que la compañía aún no dispone del acta de puesta en servicio definitiva".
Hasta que Escal UGS no disponga de esa autorización de puesta en servicio, la compañía no estará habilitada para percibir la retribución comprometida, añadieron estas fuentes. "La retribución depende del resultado de la auditoría que se encargó en junio pasado y llegará al Ministerio en octubre o en noviembre", concluyeron.
La concesión definitiva de esta autorización depende, por tanto, de que ACS 'apruebe' los dos exámenes pendientes, el económico financiero y el de responsabilidades sismográficas.
La auditoría estará lista en octubre o noviembre y deberá explicar las causas de que el proyecto se haya disparado a 1.300 millones de euros
La auditoría tendrá que aclarar las causas que han provocado que el proyecto haya supuesto una inversión de 1.300 millones de euros sin costes financieros, frente a los 500 millones inicialmente previstos.
Esta inversión, afrontada por ACS a través de una emisión de bonos de 1.400 millones, tendrá que ser compensada vía factura del gas en los próximos 20 años, gracias al cambio normativo impulsado por el ministro José Manuel Soria, que cambió las condiciones de amortización de la inversión elevándola a 20 años.
Soria, que en 2012 confirmó por activa y por pasiva que el Castor no se haría porque saldría muy caro y por la sobrecapacidad del sistema energético español, también dictó otra orden ministerial favorable a ACS, al ampliar de 5 a 25 años el plazo para renunciar a la concesión, incorporando además la recuperación de la inversión, una posibilidad que choca con la gratuidad de la reversión de este tipo de concesiones a actividades reguladas que recoge la Ley de Hidrocarburos.
Los costes del Castor provocará una subida del déficit de tarifa del gas, que ya alcanza los 300 millones de euros, además de suponer un alza en el recibo del gas para los próximos años, según alertan los expertos del sector gasista.
