Castor, el costoso almacén subterráneo de gas de ACS, podrá empezar a rentabilizar por fin su inversión pese a la voluntad declarada del ministro de Industria, José Manuel Soria, de “frenar” la puesta en marcha de esta instalación. El ministerio ultima una resolución que establecerá el procedimiento de subasta para el suministro del denominado gas colchón (volumen mínimo de gas que necesitan los depósitos subterráneos para poder extraer su contenido) de los almacenamientos de Yela (en Guadalajara, propiedad de Enagás) y Castor.
ACS podrá así empezar a operar la instalación, cuyo coste se ha prácticamente triplicado, hasta casi 1.300 millones de euros, frente a los 500 millones presupuestados inicialmente.
El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), que tiene encomendada la organización de la puja, ha remitido una nota a los agentes del sector en la que les informa de que "se va a realizar una subasta para la adquisición de gas colchón para el desarrollo de los almacenamientos subterráneos de la red básica, Yela y Castor, para ser suministrado en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2013 y el 1 de octubre de 2013". El vicepresidente ejecutivo de OMIE, Pedro Mejía, ha convocado una reunión informativa para el próximo martes en la que se dará cuenta de los pormenores de la puja a los interesados.
"Con el objeto de realizar una presentación de la organización de la subasta y de los procedimientos de calificación para participar en la misma, así como recabar las opiniones e intereses de las empresas potenciales participantes en la misma, les invitamos a la presentación para la organización de dicha subasta. La reunión tendrá lugar el próximo día 19 de marzo a las 11:00 horas en nuestras oficinas", señala Mejía, en una nota remitida el pasado día 6.
El siguiente paso será inyectar gas para disponer de almacenamiento estratégico
El gas inyectado en Castor proporcionará a la infraestructura la presión suficiente para que pueda entrar en operación. El siguiente paso será inyectar gas para tener una reserva estratégica en el caso de que falle un aprovisionamiento de gas o no haya suficiente oferta en el mercado.
Castor tiene muchos detractores en el sector energético, que cuestionan la utilidad de una infraestructura muy costosa, concebida en los tiempos de bonanza y que, una vez entre en servicio, va a añadir presión a los costes regulados del sistema gasista, que ya arrastra un incipiente déficit de tarifa (insuficiencia de ingresos regulados del sector).
Hace casi un año, Industria publicó una orden para “garantizar el equilibrio financiero del sistema gasista” que, entre otras medidas, modificaba la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas al duplicar su plazo de amortización (pasó de diez a veinte años) y facultaba a Industria para encargar “auditorías técnicas y económicas independientes” con el objetivo de “verificar que la documentación suministrada por el promotor” de Castor “refleja una imagen fiel de la realidad” y que “sus decisiones han estado justificadas por la búsqueda de la solución técnica adecuada, bajo los principios de transparencia, concurrencia y mínimo coste”.
La orden, que Escal, sociedad que promueve Castor (ACS controla el 66,67% y la canadiense CLP, el restante 33,33%), recurrió en junio pasado ante el Tribunal Supremo, se publicó tres semanas después de que el ministro anunciara su decisión de "frenar" la puesta en marcha de Castor "hasta que no haya un equilibrio entre la oferta y la demanda de mercado", algo que el agravamiento de la recesión no ha permitido.
En caso de que la auditoría a Castor, cuyo coste debía sufragar Escal, arroje “discrepancias sustanciales” en los costes previstos, la orden permite “la minoración de la inversión declarada por el promotor para ajustarla a la inversión prudente necesaria”. Sin embargo, Industria no ha precisado si la auditoría se ha llegado a realizar.
Pese al ímpetu inicial verbalizado por Soria contra Castor, su departamento incluyó al almacén en la subasta de gas colchón celebrada el año pasado, a la que finalmente la propia Escal desistió acudir al no haber presentado la documentación requerida en los plazos previstos, según Industria.
Industria suavizó en diciembre sus trabas a Castor y allanó la salida de ACS
A finales del año pasado, el Ministerio publicó una nueva orden que, entre otras novedades, modificó por segunda vez en un año la retribución de los almacenamientos y permitió a Yela y Castor una mejora de sus ingresos, al reconocerles una actualización del valor neto regulatorio del 2,5% tanto para el almacenamiento como para el denominado gas colchón (llenado mínimo para que el almacenamiento sea operativo).
Según fuentes del sector, este cambio supone en la práctica una mejora en la rentabilidad de los proyectos para compensarles por el alargamiento en el plazo de amortización hasta 20 años. La orden también cambió el concepto de “puesta en servicio comercial”, que siempre se había entendido como el momento en que la infraestructura tenía el acta de puesta en servicio definitiva (nunca la provisional), una vez que el almacenamiento había completado la inyección de gas colchón y había certificado que estaba disponible para ofrecer capacidad al mercado. Este cambio implica un adelanto en la retribución de la inversión.
La nueva orden también amplió de 5 a 25 años el plazo para renunciar a la concesión, incorporando además la recuperación de la inversión, una posibilidad que choca con la gratuidad de la reversión de este tipo de concesiones a actividades reguladas que recoge la Ley de Hidrocarburos.
El cambio legal, apuntan fuentes del sector, facilita la salida de ACS del capital de la infraestructura y garantiza una generosa retribución al futuro operador del almacén, Enagás, que en diciembre de 2007 firmó con ACS una opción de compra sobre el 33% de Castor, que, según dijo en febrero pasado el presidente de gestor gasista, Antoni Llardén, podrá ejecutarse “a lo largo de 2014”, una vez el regulador publique una declaración definitiva del valor regulatorio de la infraestructura. Enagás ha cifrado provisionalmente el valor de esa participación en unos 500 millones de euros.
La planta está terminada desde tiempo, aunque todavía no se ha puesto en marcha, en un contexto de sobrecapacidad en el sistema gasista, como consecuencia de la crisis y la burbuja de instalaciones. La infraestructura se concibió para suministrar hasta un tercio de la demanda diaria del sistema durante 50 días y fue construida aprovechando el antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, a 22 kilómetros de la costa castellonense.
