El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha declarado este jueves que cualquier "gesto de hostilidad" contra empresas españolas será interpretado como un gesto "hacia España" que "trae consigo consecuencias", en una aparente alusión al Gobierno argentino por el conflicto con YPF.Los servicios de comunicación de La Moncloa han facilitado a los medios estas declaraciones del ministro, que se encuentra en Varsovia junto a Mariano Rajoy para participar en una cumbre hispano-polaca.
Soria no ha citado en ningún momento al Ejecutivo de Cristina Fernández Kirchner, que ha convocado este jueves a los gobernadores de las provincias petroleras para tratar sobre la situación de la compañía YPF, controlada por la española Repsol.
Según Soria, el Gobierno defiende los intereses de todas las empresas españolas dentro y fuera del país y "si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad" contra esos intereses, lo interpreta como "gastos de hostilidad hacia España y hacia el propio Gobierno", que tienen consecuencias.
Un nuevo modelo de gestión para YPF
Según señala el diario argentino La Nación, Cristina Fernández tiene intención de convertir YPF "en una empresa mixta", imponiendo la nacionalización por ley del 50,1% de las acciones. Así, "los Eskenazi tendrían que desprenderse de su 25,5% y Repsol de un 24,6% de su tenencia, reducida al 34%. Los inversores del mercado mantendrían el 17% de la empresa", explica el texto.
Para dar luz verde a esta operación, es necesario que el Congreso argentino declare primero a YPF de interés público. Esta acción suspendería el artículo del estatuto societario que obliga a realizar una oferta por el total de las acciones en caso de que se pretenda comprar más de un 15%. "Esta barrera es la que detiene a la presidenta y, sobre todo, a Carlos Zannini, su consejero legal", indica La Nación.
Sin embargo, la anulación de esta condición traería una "lluvia de demandas colectivas", principalmente desde los tribunales de Nueva York, donde YPF cotiza en bolsa. Los accionistas tendrían derecho a emprender acciones contra la imposición de un régimen societario diferente del que mandaba en la empresa cuando ingresaron en ella, una violación del derecho de propiedad que el medio argentino califica como "difícil de justificar ante la Justicia".
Retirada de licencias en Argentina
En las últimas semanas, seis provincias argentinas han revocado licencias a YPF para operar una docena de áreas, mientras que otras dos han apremiado a la petrolera a aumentar sus inversiones bajo la amenaza de cancelarle permisos de explotación.
La provincia de Santa Cruz, al sur del país, que ya había retirado dos áreas a esta compañía, decretó este miércoles la caducidad de la licencia de YPF para operar en otras tres áreas tan sólo unas horas después de que presentara un plan de inversiones hasta 2017 para esa región por importe de 4.379 millones de dólares.
Pese a que el Gobierno argentino ha mantenido en total reserva el contenido de la reunión de este jueves, algunos gobernadores han adelantado que debatirán sobre el futuro de YPF, que ha sido acusada por la presidenta Cristina Fernández de una caída de la producción que atribuye a una falta de inversiones.
YPF, participada en un 57,43% por Repsol y un 25,46% por el grupo argentino Petersen, anunció que este año invertirá en Argentina un récord de 15.000 millones de pesos (3.416 millones de dólares), cifra que supera los 13.300 millones de pesos (3.029 millones de dólares) invertidos en 2011.
