El escándalo en torno al presunto delito de malversación de caudales públicos en obras del AVE Madrid-Barcelona, saldado por el momento con la detención de diez personas, parte de un contrato que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) adjudicó a la constructora Corsán-Corviam con una baja del 32% en relación con la cantidad presupuestada.
Así, Corsán-Corviam, actualmente integrada en el grupo Isolux-Corsán, presentó una oferta de 67,94 millones de euros para el contrato de construcción del tramo La Sagrera-nudo de La Trinidad, incluido en la plataforma de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa y que contaba con un presupuesto inicial de 98,7 millones.
Una baja notablemente elevada si se tienen en cuenta las características de la obra, que parte de un diseño prefijado y en el que, por lo tanto, no cabe excesivo margen.
La denuncia trasladada por la Fiscalía Anticorrupción plantea una presunta connivencia entre directivos de la empresa y funcionarios de Adif para falsear la documentación en torno al contrato con el fin de justificar “mayores trabajos de los realmente efectuados”.
Bajas compensadas con sobrecostes
Si finalmente se confirman las sospechas de la Fiscalía y las actuaciones del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que está llevado a cabo la instrucción del caso, la baja registrada en el contrato que ahora está bajo la lupa de la Justicia refleja un esquema repetido muchas veces en los procesos licitadores en España: el notable descuento en las ofertas se compensa posteriormente con modificaciones que terminan derivando en sobrecostes.
De esta forma, el presunto ahorro para la Administración al optar por las ofertas más económicas queda en entredicho o, incluso, se transforma en un gasto superior al presupuestado en un principio.
Por el momento, se mantiene el secreto de sumario por lo que no se conocen demasiados detalles de la investigación. Por lo que ha trascendido, el contrato objeto de la discordia habría registrado presuntamente una serie de sobrecostes que supusieron un beneficio de unos seis millones de euros para la compañía constructora.
Además, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que “la propia adjudicación de la obra a la contratista pudiera haber presentado irregularidades”, aunque no especifica exactamente en qué consistirían estas presuntas actuaciones ilícitas ni si esta cuestión tendría que ver con el precio al que se adjudicó.
