La decisión del concejal de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, hace algo más de un año de impedir a Funespaña hacerse con un pago extraordinario con cargo a las reservas acumuladas antes de abandonar la empresa pública funeraria acabará en juicio. El próximo octubre, los abogados municipales se enfrentarán a los de Funespaña, compañía controlada en un 95,8% por Mapfre y a la que Sánchez Mato birló la posibilidad de cobrar un "importante" dividendo, en palabras del juez, de aproximadamente 47 millones de euros, una vez que su empresa de la que tenían un 40% y Madrid un 51% se extinguía.
Este miércoles se han visto en los juzgados mercantiles de la capital los representantes legales de ambos contendientes, en una audiencia previa donde se han dejado claras las diferencias de criterio entre ambas y la imposibilidad de acuerdo. Funespaña, que es quien recurrió el acuerdo de la junta de accionistas de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid (EMSFM) el 29 de abril de 2016, que le quitaba el dividendo, ha negado las acusaciones del Ayuntamiento, que aseguraba que "la maravillosa gestión consistía en acumular beneficios con un servicio público con el único fin de engordar los resultados de la compañía". Para la defensa jurídica de la compañía cotizada, se dejaba caer que los servicios de Funespaña fueron "pésimos" y le hicieron ganar mucho dinero. Pero aseguraron que "carece de relación la rentabilidad que se haya tenido porque pretende conducir el debate a lo demagógico o populista". Su derecho a cobrar el dividendo, aseguran, no depende de haber ganado más o menos dinero en esos años.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento controlado por Ahora Madrid (Izquierda Unida y Podemos), se consideró que había lugar a cobrar ese dinero para Mapfre teniendo en cuenta que aún quedaban inversiones millonarias por hacer en los cementerios que, según un informe encargado por ellos, no se realizaron.
Este periódico se ha puesto en contacto tanto con el Ayuntamiento de Madrid como con Funespaña a través de sus gabinetes de prensa, sin obtener respuesta.
Funespaña: "Mejoramos los balances"
Sin embargo, para la demandante no es relevante que ganaran más o menos dinero y lo que el juez mercantil tendrá que dirimir es si se reconoce a Funespaña su derecho "como accionista minoritario a participar de los beneficios de la compañía". Según la abogada municipal dijo en la audiencia previa a la que asistió Vozpópuli, las inversiones supuestamente no realizadas estaban "muy relacionadas" con el hecho de que se hubiera impedido cobrar el dividendo. Para resolver si realmente hay este déficit de inversiones o no, testificará en el próximo juicio el experto de obras de Funespaña José Manuel Melgar, la histórica mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón Pedro Calvo, presidente de la empresa municipal durante años, y el responsable del estudio de Cemosa.
La posición de la compañía fue, en cualquier caso, negar que se hubiera acumulado beneficios sin fijarse en la empresa. "Comparemos los balances de 1992 y de 2014, comparemos la situación financiera antes y después de Funespaña", ha asegurado su abogada.
Madrid: "Cobraron gestión sin coste"
El ayuntamiento también destaca que Funespaña ya cobró un canon de gestión que, si bien es un concepto diferente al del dividendo, sería desproporcionado según su punto de vista -estaba fijado en un 20% de los beneficios antes de impuestos-. La defensa municipal cree que el canon de gestión "remunera una gestión que no tiene coste para Funespaña, y esto es muy relevante porque la razón de que el dividendo sea abusivo o no, lo que es subjetivo, está relacionado con esto".
El Ayuntamiento defiende, en este caso, que la empresa pública pagaba a la privada "por nada".
Por último, el juez considera que debería aplicarse en este caso la ley de sociedades de capital y no una jurisdicción contencioso-administrativa, algo que no entendían tanto desde el consistorio. "Se tendrá que determinar si hay o no que realizar inversiones y a la hora de determinar si hay un abuso, habrá que ver la situación de la sociedad. Al objeto de determinar la abusividad hay que tener en cuenta todo. No se puede acotar más los hechos controvertidos". En cualquier caso, las decisiones de Sánchez Mato no se ejecutarán con la facilidad esperada, y la justicia puede dar la vuelta a la tortilla a su municipalización de la empresa funeraria de Madrid.
