Las relaciones entre los ayuntamientos y los proveedores de servicios se complican por momentos. El conocido como plan de proveedores ejecutado por el Gobierno la pasada primavera logró liquidar la enorme deuda acumulada por los consistorios por el impago de facturas pero no ha conseguido que el espíritu con el que se puso en marcha, esto es, que la situación no se volviera a repetir, cale entre los responsables de las arcas municipales.
Este escenario está empezando a verse plasmado en hechos como los concursos que han quedado desiertos, bien porque no han contado con la oferta de ninguna empresa, bien porque las propuestas presentadas excedían del precio que los ayuntamientos estaban dispuestos a pagar.
Fuentes del sector señalan que los ayuntamientos apenas han abonado facturas en el ejercicio 2012, lo que ha hecho que las deudas acumuladas ya se sitúen por encima de los 1.800 millones de euros. Precisamente, la elevada morosidad es uno de los factores que hacen que las compañías proveedoras de servicios como recogida de residuos urbanos, tratamiento de aguas o instalación y mantenimiento de mobiliario urbano se lo piensen dos veces antes de acudir a licitaciones por las que no hace mucho tiempo había una fuerte competencia.
Un ejemplo paradigmático es lo sucedido en Madrid a finales del pasado ejercicio. La licitación para el servicio de recogida de basuras de varios distritos, valorado en algo más de 500 millones de euros, quedó desierto. Según las citadas fuentes, cualquier corporación empresarial que hubiera presentado una oferta acorde con el precio máximo contemplado en el pliego de condiciones, hubiera perdido del orden de 35 millones de euros sólo durante el primer año.
La inquietud de las empresas del sector ha llegado hace tiempo hasta el Gobierno pero, por el momento, no hay muchas novedades desde la liquidación del citado plan de proveedores. El Ejecutivo prepara una segunda parte del mismo, entre otras cuestiones porque algunos ayuntamientos no presentaron sus facturas impagadas.
Sin embargo, por el momento no hay avances significativos en este asunto, lo que hace que las alarmas hayan empezado a encenderse. El principal problema es que los ayuntamientos no han aprovechado la oportunidad para ponerse al día en el pago de las facturas y ha vuelto a generarse una bolsa de deuda que ahora es complicado afrontar.
La solución adoptada por las autoridades municipales consistente en ajustar al máximo las licitaciones se ha vuelto contra ellas. Las compañías del sector estiman que los ayuntamientos no pueden pretender que se les preste un servicio con unas condiciones que hagan perder dinero a la empresa encargada de hacerlo.
