El Banco de España esquiva la asunción de responsabilidades en la crisis financiera. No tuvo herramientas para controlar la sobreexposición de los bancos y, sobre todo, las cajas, al ladrillo entre los años 2000 y 2007. Entonces la crisis fue peor de lo previsto, "sin precedentes en tiempo de paz en España", y a partir de ahí se hizo lo que se pudo para "evitar la crisis sistémica" que en gran parte llegó de fuera, con la crisis subprime y el miedo a la ruptura del euro. El resultado fue, sin embargo, un rescate al sector financiero que según las últimas cifras del regulador costará 60.613 millones de euros, a la espera de lo que se recupere con Bankia, BMN y Sareb.
Éstas son las principales conclusiones del libro sobre la crisis financiera del Banco de España, que se ha hecho público este viernes. Lo han elaborado en los últimos meses un equipo liderado por el consejero del Banco, Fernando Eguidazu, con expertos de Supervisión, los Servicios Jurídicos y el Servicio de Estudios. El regulador anunció esta iniciativa después de que su exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y parte de su cúpula fueran imputados en el caso Bankia, una causa de la que fueron apartados hace un mes. No descarta presentarlo en el Congreso de los Diputados, en el marco de la Comisión de Investigación de la crisis.
En las 257 páginas del libro, el Banco de España recorre los últimos 17 años de historia económica española y del sector financiero. La primera fase la centra en la etapa 2000-07, los años en los que el sector financiero avivó la burbuja inmobiliaria con créditos a la promoción que llenaron su balance. Según el libro, el regulador no pudo controlar la situación.
Fuentes del Banco de España explican que la intención del libro no es evaluar su actuación, ya que no son los más apropiados para hacer, añaden, sino para describir la crisis, lo que se pudo hacer, lo que se hizo y lo que no se hizo. Aun así, un artículo del gobernador, Luis María Linde, en El Pais había dado a entender que habría autocrítica. Dejan los juicios de valor al público, y recuerdan que no sólo el regulador pudo hacer más, también el Gobierno, los economistas, los ciudadanos y la prensa.
Fuera de control
"Puede plantearse la pregunta de si se podría haber actuado de forma más enérgica, promoviendo las modificaciones legales necesarias para establecer límites a la concentración de riesgos por sectores, a los niveles de apalancamiento […] Este tipo de herramientas macroprudenciales no se contemplaba en la regulación en aquel momento", expone el libro.
Lejos de ello, defiende tres actuaciones que tomó el regulador durante esos años: la creación de las provisiones anticíclicas, que sirvieron para amortiguar el primer tramo de la crisis, hasta 2009, con 26.000 millones que se ahorraron en ayudas públicas; la prohibición de que los vehículos estructurados salieran del balance, evitando un impacto como el de las subprime en Estados Unidos; y ciertos límites en los créditos inmobiliarios.
Aun así, fuentes del regulador reconocen que se podían haber hecho más cosas por atajar la crisis, con mayores provisiones anticíclicas y límites más estrictos al LTV (loan to value, porcentaje del inmueble que puede cubrir una hipoteca). También se pudo haber cambiado la legislación para limitar la concentración sectorial. Donde no se reconoce fallos es en si había que haber dado "un manguerazo" de capital a las cajas en 2008-2009, cosa que hicieron otros países, y que España no pudo hacer sin el rescate en 2012.
Pero las medidas no fueron suficientes, y "el elevado crecimiento del crédito concedido al sector privado, su concentración en el sector inmobiliario y el creciente recurso a la financiación mayorista frente a los depósitos para financiar el crecimiento del crédito, colocaron al sector bancario y a la economía española en una posición muy vulnerable".
El libro centra gran parte de su exposición en las cajas, que intentó controlar dentro de las resistencias que encontró en la política. "El ajuste de las cajas fue tardío e insuficiente", reconoce el Banco de España.
El libro no aborda las críticas del informe pericial del caso Bankia y los correos del inspector a cargo de la entidad, José Antonio Casaus
Uno de los primeros pasos para controlarlos fueron las fusiones frías o SIP que se impulsaron al comienzo de la crisis. El regulador hace en este punto autocrítica al afirmar que "se ha visto con posterioridad, que en la mayoría de los casos, esta figura no fue sino un paso previo a las necesarias fusiones". Pero "hay que tener en cuenta que en aquellos años era una vía que facilitaba integración de cajas en distintas comunidades".
Uno de estos SIP fue el origen de Bankia, el motivo detrás del libro blanco. El Banco de España aborda la salida a bolsa de 2011, ahora judicializada, como una decisión de la entidad. Y sobre su caída unos meses después dice que se precipitó por la segunda recesión y por los dos reales decretos de Guindos de comienzos de 2012. No hay alusión a las críticas del informe pericial del caso Bankia, elaborado por dos inspectores, ni a los correos del inspector José Antonio Casaus.
Coste de la crisis
El regulador recoge en su informe los cálculos sobre el coste de la crisis financiera con datos del Frob y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Según los mismos, el rescate de Bankia (que costó 22.424 millones) se saldará con unas pérdidas de 12.690 millones, tras recuperar 9.734 millones. Algo más baratas saldrán las crisis de Catalunya Banc, NCG Banco, Banco de Valencia y CAM, aunque medidas sobre activos serán mucho más caras.
El balance total del rescate supondría a estas alturas (las cifras se actualizarán en unos meses) un coste de 60.613 millones, que se desglosan en: 64.096 millones de dinero inyectado en entidades, 10.390 millones en esquemas de protección (EPA) y 1.922 millones en garantías. De esta cantidad, se han recuperado 4.139 millones y se espera recobrar en el futuro otros 12.198 millones.
Nuestra intervención ha tenido como objetivo evitar la crisis sistémica que habría producido la quiebra de un buen número de entidades"
Según el Banco de España, su actuación ha tenido como objetivo "evitar la crisis sistémica que habría producido la quiebra de un buen número de entidades, principalmente cajas de ahorros". Además, el FGD "no habría podido hacer frente sin ayudas públicas a un situación de esas características" y hubiera tenido un "efecto demoledor sobre la estabilidad del resto del sistema financiero".
