Las posibles demandas por Banco Popular tienen un lugar destacado en el folleto de la macroampliación de capital de Banco Santander. Son el primer riesgo identificado por el banco presidido por Ana Botín, casi al mismo nivel que el Brexit o la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
El banco español aborda la cuestión en profundidad, pero sin cuantificar posibles pérdidas ni cuál será su posición de defensa. Lo primero que remarca en dos párrafos es que compró Popular después de que la Junta Única de Resolución (fondo de rescate europeo) y el Frob (como ejecutor) amortizaran todas las acciones y parte de la deuda subordinada de la entidad. Es decir, que las pérdidas que ahora se van a reclamar son previas a su intervención.
Aun así, Santander reconoce que es un proceso que "no tiene precedentes en España ni en ningún otro Estado miembro de la UE" y por ello "no puede descartarse que se presenten recursos contra la resolución del Frob, o reclamaciones frente a Banco Popular, Banco Santander".
En este sentido, el banco presidido por Ana Botín expone que estas demandas podrían "afectar a la adquisición efectuada" y suponer un "efecto adverso significativo en los resultados y en la situación financiera del Grupo Santander".
