El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quiere que el Banco de España aplique a su plantilla la medicina que el organismo viene recomendando de forma reiterada en los últimos años al sector privado para que la economía española salga del hoyo y gane competitividad: la consabida fórmula de ligar salarios a resultados.
El supervisor bancario es otra de las entidades afectadas por las “pautas para la negociación colectiva de las empresas públicas en el año 2014” que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el pasado 29 de mayo y que adelantó Vozpópuli el pasado viernes. Ese conjunto de recomendaciones para los convenios colectivos, que va a suponer que muchos trabajadores de empresas públicas como Renfe, Adif, la Agencia EFE, RTVE o Correos pierdan poder adquisitivo en los próximos años si no mejoran ostensiblemente sus resultados, también afectan al Banco de España, según confirman fuentes del Ministerio de Hacienda.
El documento de la Comisión Delegada recoge en su parte final un apartado, el III, que incluye al organismo que preside Luis María Linde entre las entidades que va a fiscalizar la Comisión de Seguimiento de la Negociación colectiva de las empresas públicas. Esta comisión, dependiente de Hacienda, deberá “ser informada, en el caso de convenios o acuerdos colectivos relativos al personal del Banco de España, con carácter previo al inicio de las negociaciones y de cualquier propuesta de acuerdo que vaya a ser remitida a los representantes de los trabajadores, así como de los convenios o acuerdos alcanzados” entre los sindicatos y la dirección de la entidad.
Así, las pautas que ha fijado el Gobierno para los empleados de las empresas públicas también van a ser aplicables al Banco de España, cuyo actual convenio colectivo (con una duración anual) cubre sólo hasta diciembre, aunque ese acuerdo laboral en principio "se entenderá tácitamente prorrogado de año en año si no se promueve denuncia expresa del mismo".
En sus recomendaciones para la negociación colectiva, el Gobierno ha apostado por “periodos de vigencia amplios” para los convenios que se firmen a partir de ahora para “impulsar periodos de estabilidad”. Para los que duren más de dos años, las revisiones salariales "deberán vincularse preferentemente a los resultados o beneficios de la entidad o a criterios de productividad” y “no se deberán pactar incrementos salariales o cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC u otros índices de precios generales”.
Se abre la puerta a un empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados del Banco de España
Fuentes de la Administración interpretan a que estas directrices abren la puerta a un empeoramiento de las condiciones laborales de los aproximadamente 2.645 empleados del Banco de España si los resultados de la entidad empeoran. El organismo, que el año pasado ganó un 18,1% menos (3.147,58 millones de euros, que transfirió íntegramente al Tesoro), ya tiene establecido en su actual convenio la congelación salarial para este año, por orden expresa de los Presupuestos de 2014.
La Ley de Autonomía del Banco de España establece, no en vano, que la entidad “deberá aplicar para su personal medidas en materia de los gastos de personal equivalentes a las establecidas con carácter general para el personal al servicio del sector público, principalmente en las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año, no pudiendo acordar, en ningún caso, incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados para dicho colectivo”.
El Gobierno ha recomendado que en los convenios con una duración de menos de dos años se mantenga hasta 2016 la congelación de sueldos para este año. "Sólo podrán llevarse a cabo aquellas adecuaciones retributivas derivadas de la aplicación de convenios o acuerdos en vigor, cuando las mismas resulten imprescindibles como consecuencia del contenido de los puestos de trabajo, de la variación del número de efectivos, o de la consecución de los objetivos asignados a la entidad". Y las tablas salariales deberán aproximarse a las del área en la que opere la empresa, "no debiéndose pactar condiciones salariales muy superiores a las del sector de actividad".
También "debe tenderse a una estructura salarial que prime el carácter variable del salario", "evitando pactar complementos personales de carácter fijo, tales como la antigüedad u otros similares. Del mismo modo, debe tenderse a pactar el carácter no consolidable de los complementos salariales".
La posible bajada de salarios gira en torno a una congelación de quinquenios, una simplificación de las escalas y un freno a las promociones
En materia de relaciones laborales, el documento contiene una serie de recomendaciones que implican una posible bajada de salarios en torno a tres supuestos: una congelación de quinquenios (por conceptos como la antigüedad), una simplificación de las escalas profesionales (presumiblemente, hacia abajo) y un freno a las promociones profesionales.
En la negociación colectiva “se deberán evitar acuerdos que impliquen promociones, ascensos y consolidaciones de niveles salariales superiores automáticos, en función de la antigüedad, debiendo suprimirse en aquellos convenios que así lo tengan reconocido”. Se apuesta por no imponer “limitaciones” a eventuales medidas extintivas de empleo “exigiendo, por ejemplo, el acuerdo previo con la representación de los trabajadores" o exigiendo unos requisitos "que difieran de lo previsto en la normativa laboral”.
Y en el caso de los despidos colectivos y objetivos, se apuesta por la indemnización de 20 días que establece el artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores. “En ningún caso deben pactarse” cuantías superiores, ha advertido el Gobierno. Tampoco podrán pactarse las regulaciones de empleo a través de prejubilaciones.
En materia de nuevas contrataciones, el Gobierno ha recomendado “impulsar" los contratos para la formación y el aprendizaje y "los contratos en prácticas, como fórmula de inserción en el mercado de trabajo, así como de los contratos a tiempo parcial, de acuerdo con las necesidades de la empresa”.
También ha fijado pautas para reducir el absentismo laboral y promover la “flexibilidad interna” en los sistemas de provisión de puestos, de clasificación profesional y de movilidad funcional. En materia de flexibilidad, “debe tenderse" a como máximo "tres o cuatro grupos profesionales de carácter amplio y una definición de los mismos que facilite la movilidad funcional como mecanismo que permite una mayor adaptación de los recursos humanos a las circunstancias concretas de la actividad productiva”. Todo ello, sin “generar incremento de masa salarial”.
Por último, y tal y como ya establecían los Presupuestos de 2014, para este año “no podrán asumirse compromisos" que impliquen aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos (por ejemplo, de jubilación), aunque con dos excepciones: que esos planes de previsión hayan sido suscritos antes de diciembre de 2011 o que, de aplicarlos, se reduzca la masa salarial, “en condiciones de homogeneidad, en otros conceptos retributivos en la misma cuantía en que se proyecte hacer aportaciones, para cumplir con la exigencia de no incremento de masa salarial”.
