Bankia no contempla, por el momento, que los inversores institucionales puedan acudir a la vía judicial para recuperar el dinero invertido en lo salida a Bolsa de julio de 2011. A pesar de que entidades bancarias como Caixabank o Popular no han cerrado la puerta a dicha opción después de que el Supremo determinara que el folleto no reflejaba la imagen fiel de la entidad, su presidente José Ignacio Goirigolzarri ha reconocido durante la presentación de resultados del año 2015 que es un tema que le "ocupa" pero no le "preocupa", y que no se ha provisionado de ninguna forma con carga al ejercicio pasado.
"Más de la mitad de los inversores institucionales vendieron 30 días después de la OPS. Por lo tanto, vamos a esperar acontecimientos desde la prudencia"
"En regulación de inversores hay una nítida diferencia entre institucionales y minoristas", anticipó el presidente de Bankia, quien cifró en 49 demandas las presentadas por empresas, fondos y entidades en general, con cantidades pequeñas, y de las que cuatro están en fase de apelación. "Es una situación preliminar; a la hora de hablar del tramo institucional en realidad hubo una gran concentración de la demanda. Y más de la mitad de ellos vendieron 30 días después de la OPS. Por lo tanto, vamos a esperar acontecimientos desde la prudencia", explicó.
Y es que la sentencia del Tribunal Supremo aún no se ha publicado y de ésta solo se conoce apenas un resumen de un folio. No se puede determinar por tanto ni los argumentos en profundidad, ni las causas por las que el TS ha determinado que los demandantes (dos inversores minoristas) tenían derecho a recuperar la inversión inicial en base a un folleto engañoso. "No está claro si la sentencia hace referencia a los institucionales", añadió Goirigolzarri.
Hasta 500 millones en costas
La entidad, que ya ha provisionado un total de 1.840 millones de euros en previsión de las demandas pasadas y futuras (así como las costas) de los minoristas, no ha dispuesto una cantidad adicional referente a los institucionales. Lo que sí que está provisionado es el importe de las costas judiciales, una parte adicional que supone, de media, un gasto adicional de un 35% respecto de la cantidad demandada. Así, tal y como reconoció el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, "los costes de abogados y legales, sobre la provisión total de 1.840 millones de euros, son algo más de 500 millones".
Otro de los colectivos que no estará involucrado en el desembolso ante una hipotética anulación total de la salida a Bolsa de Bankia (o al menos así lo espera el equipo que gestiona Bankia) serán aquellos inversores minoristas que vendieron sus acciones antes de marzo de 2012. Y es que según la cotización de entonces, el valor de Bankia por entonces no se había deteriorado. Según los cálculos del banco nacionalizado, el importe de capital relacionado con este último grupo de accionistas se eleva a unos 255 millones de euros, que desde Bankia dan por hecho que no les podrán reclamar.
