El secretario del Consejo de Administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA), Miguel Crespo, ha asegurado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que el banco ha informado a la Fiscalía Anticorrupción de la existencia de 15 operaciones sospechosas, principalmente créditos irregulares, concedidos por Bankia a empresas de la familia del presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino. A preguntas del abogado de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Crespo ha señalado que las operaciones se remontan a actividades de las antiguas cajas de ahorro, entre ellas Bancaja. El banco concedió al menos 35 millones de euros a una sociedad, Share Capital, en la que tienen participación dos empresas de los Cotino, para adquirir viviendas en países de Europa del Este.
Asimismo, Crespo ha detallado que el expresidente de la entidad Rodrigo Rato le ordenó expresamente remitir el 4 de mayo de 2012 un mail a todos los consejeros en el que les informaba de que las cuentas correspondientes al año anterior se retrasaban debido a que Deloitte pedía más tiempo para auditarlas. En el correo electrónico se justificaba el retraso en la presentación del informe sobre las cuentas de Bankia para 2011, que provocaron un agujero contable de más de 3.000 millones de euros, asegurando que la auditora necesitaba ampliar el plazo para examinar las cuentas debido a la complejidad derivada de la fusión.
Crespo ha reconocido que sólo media hora antes había enviado otro mail al Ministerio de Economía que incluía las líneas generales del Plan de Viabilidad destinado a reflotar la entidad, en el que se solicitaba una aportación de 7.000 millones de euros de dinero público. Esa misma mañana -ha precisado- había acudido junto al consejero delegado Francisco Verdú a una reunión en la que se trató el Plan. Fue en este encuentro en el que él tuvo conocimiento de su existencia, ha asegurado según han informado fuentes presentes en la declaración.
Durante el interrogatorio, que se ha prolongado durante más de tres horas, preguntado por el motivo del envío del mencionado correo electrónico pese a no haber tratado de forma directa el tema con el auditor, Crespo contestó: "¿Cómo no me iba a fiar de la palabra de mi presidente?".
Deloitte no advirtió
Según las fuentes consultadas, el secretario del Consejo de Administración se ha alineado durante su declaración con la tesis ya defendida ante el magistrado por los consejeros del banco consistente en culpar a Deloitte y afirmar que la auditora no advirtió de la gravedad de la situación. Crespo, encargado de redactar las actas de los consejos, ha puesto de manifiesto que en ninguna de ellas se señala que Deloitte comunicara a la entidad la existencia de problemas financieros que acabaron derivando en el rescate. Pese a todo ello el secretario ha reconocido que Bankia no ha valorado iniciar acciones contra la auditora.
El testigo se ha referido a otro correo electrónico remitido a los consejeros tras la publicación el 25 de abril de 2012 de un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se advertía de que una entidad española, cuyo nombre no trascendió, iba a necesitar una inyección económica.
En él se señalaba que la interpretación del organismo internacional era "una absoluta falsedad". Crespo ha asegurado que el envío y contenido de este comunicado también fue responsabilidad de Rato. El testigo ha hecho también alusión a su presencia en una reunión celebrada en el Banco de España en el mes de abril de 2012 en la que se pidió a Bankia que simplificara su estructura y mejorara su gobierno corporativo. Crespo ha precisado que acudió acompañando a Rato y Verdú.
Más interrogatorios
Andreu interrogará este martes, también como testigo, al director general del BFA, Manuel Lagares. El miércoles será el turno del exdirector general financiero y de riesgos de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, mientras que el día 19 ha sido citado a declarar el exdirector general adjunto de Auditoría Interna de Bankia, Miguel Ángel Soria, ambos como imputados.
En la causa hay 36 imputados, entre los que se encuentran 32 miembros del antiguo Consejo de Administración de la entidad financiera, que presidía Rodrigo Rato, y Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas. Se les acusa de delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en los balances y maquinación para alterar el precio de las cosas.
