Grandes bancos españoles y algunos de los mayores fondos de inversión del mundo esperaban que, como ha adelantado Vozpópuli esta mañana, el Consejo de Ministros anunciase la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional la Ley 24/2015 de la Generalitat de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado finalmente que el Ejecutivo recurrira esta norma, que evita desahucios en determinados casos, ha ralentizado operaciones multimillonarias de venta de carteras hipotecarias de entidades financieras.
Uno de los bancos más interesados en que el Gobierno recurriera al Constitucional la norma catalana es BBVA. La entidad presidida por Francisco González lleva varios meses negociando la venta de una cartera hipotecaria valorada en unos 1.500 millones de euros. La operación ha sentado en la mesa del segundo mayor banco español a grandes fondos de inversión internacionales. De acuerdo a fuentes conocedoras de las negociaciones, BBVA ha ralentizado en los últimos meses las conversaciones a la espera de que el Gobierno se decida a recurrir al Constitucional. BBVA desmintió el jueves esta información y negó que esté en marcha una operación similar.
La vicepresidenta y Oriol Junqueras trataron el jueves la constitucionalidad de la norma catalana
El Parlament aprobó por unanimidad la Ley 24/2015 el pasado mes de julio, impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética, y el Observatorio DESC. La ley catalana, que entró en vigor en agosto del pasado año, se basa en el artículo 121-1 de la Ley 22/2010 de 20 de julio del Código de Consumo de Cataluña, que dice que el derecho de los consumidores "tiene carácter de derecho básico y es objeto de especial protección en Cataluña", y se aplica solo a residentes en la región.
Diversos despachos de abogados y también el Partido Popular cuestionan la constitucionalidad de algunos de los puntos de la ley, en particular los referidos a las medidas adoptadas contra el sobreendeudamiento relacionado con la vivienda, o las que están dirigidas a impedir los desahucios que pudieran provocar falta de vivienda a personas en riesgo de exclusión social. El plazo para recurrir la norma al Tribunal Constitucional termina la próxima semana, el 5 de mayo, por lo que la decisión de recurrirla debía anunciarse este viernes.
El Estado y la Generalitat debaten la constitucionalidad de la Ley 24/2015 a través de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. La última reunión en la que se trató este asunto la mantuvieron este jueves la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en el Palacio de la Moncloa. Al término del encuentro, en el que Junqueras solicitó que no se recurra la norma, los dirigentes políticos ofrecieron una rueda de prensa, pero Sáenz de Santamaría no quiso desvelar cuál va a ser la decisión al respecto del Gobierno.
