En España hay más de 50.000 pequeños y medianos ahorradores que invirtieron en el sector fotovoltaico al calor de la burbuja que se creó a partir de 2007 con el pago de desorbitadas primas a la producción de energía solar.
No hubo un banco que en aquellos años se negara a conceder crédito a estos proyectos, pues con rentabilidades de entre el 10% y el 15% garantizadas por 20 años y con el aval del Estado, el futuro del negocio estaba más que asegurado.
Según los datos de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), se concedieron préstamos para proyectos fotovoltaicos por valor de 20.000 millones de euros, de los cuales un 60% los concedieron cinco entidades financieras. Serían 12.000 millones de euros los que BBVA, Caixabank, Caja Rural de Navarra, Cajamar y Santander concedieron a inversores en huertos y plantas solares.
Con rentabilidades de hasta el 15% garantizadas por 20 años y aval del Estado, no había banco que se negase a dar créditos a los inversores solares en plena burbuja
Es la primera vez que se hace una estimación del grado de exposición de los bancos a un sector que está al borde de la quiebra después de los sucesivos recortes aplicados por el Gobierno de Zapatero en 2010 y por el Ejecutivo de Rajoy, que con la reforma energética de julio ha hecho desaparecer el sistema de primas a las renovables.
No hay datos desagregados por cada entidad. La estimación realizada por Anpier proviene de una muestra de 1.000 expedientes de pequeños inversores, en los que se recogen todos los datos de financiación y rentabilidad de esos proyectos. La mayoría de ellos tienen un apalancamiento del 75% con los bancos, con tipos de interés del entorno del 5% o por encima y un coste de inversión superior a los seis millones de euros por megavatio/hora (MW/h).
Los expedientes incluyen los datos personales del inversor, el importe tanto de la inversión como de la financiación, el nombre de los bancos que concedieron los préstamos y los tipos de interés aplicados.
El perfil medio de un pequeño inversor tiene un apalancamiento con el banco del 75%, con tipos de interés de más del 5% en sus créditos y una inversión media de 6 millones por MW
Según el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, estos 1.000 expedientes de otros tantos inversores se han presentado hoy ante el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), que ha sido el organismo que ha contratado a Roland Berger y Boston Consulting. Estas dos consultoras habrán de establecer el coste estándar de las inversiones, que será el que se tome de base para fijar la nueva remuneración de las plantas fotovoltaicas (y del resto de renovables), tras la eliminación del sistema de primas vigente hasta ahora.
Los más de 50.000 inversores que se embarcaron en el boom fotovoltaico han visto como con los sucesivos recortes de primas han hundido la rentabilidad de sus proyectos. Muchos de ellos no pueden afrontar el pago de sus créditos, lo que podría provocar una oleada de entrada en concurso de acreedores de las plantas.
Los bancos temen que con el nuevo sistema de “retribución razonable” que se implantará, se produzca una avalancha de cierre de huertos solares por impago de los créditos, lo que dejaría en los balances de las entidades nuevos activos tóxicos, en este caso renovables.
Los bancos temen que con los nuevos recortes y la desaparición del sistema de primas haya una avalancha de cierre de plantas, lo que dejará nuevos activos tóxicos en sus balances
El presidente de Anpier ha asegurado que, si antes del 22 de octubre no se publica el pliego de condiciones de la adjudicación del contrato de un millón de euros a Roland y Boston, la patronal se presentará con un notario ante el IDAE para certificar el incumplimiento de la normativa de contratación pública y lo denunciará ante los tribunales.
El proceso de selección de estas dos consultoras fue por invitación y no hubo concurso público, señalan fuentes conocedoras del proceso, lo que ha levantado las críticas de todo el sector renovable.
No será la única batalla judicial en la que se habrá embarcado Anpier, que tiene recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto 14/2010 que recortaba las horas con derecho a prima de las instalaciones, recurrirá también la nueva retribución a las renovables.
