Es loable la motivación y el esfuerzo que el nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella, está mostrando para atraer a España entidades financieras británicas que, tras el Brexit, decidan abandonar Londres y establecerse en otras ciudades europeas. Unos 30.000 empleados de sociedades financieras y de inversión se trasladarán en los próximos meses, y la Administración española, no sólo Albella, pretende acoger a la mayor cantidad posible de estos profesionales.
También el ministro de Economía, Luis de Guindos, se está moviendo para aprovechar el Brexit y que España albergue las sedes de organismos europeos en Reino Unido que tendrán que establecerse en otro país. Como la Autoridad Bancaria Europea, EBA (sus siglas en Inglés), instalada en la capital británica desde 2011.
Sin embargo, quizá España se esté equivocando a la hora de empeñarse en atraer al país a firmas de la City y a organismos como la EBA. La CNMV ha mejorado y agilizado los trámites para facilitar que una entidad financiera británica pueda instalarse en España. También ha traducido al inglés sus contenidos. Pero, ¿pueden competir Madrid o Barcelona con Fráncfort, Luxemburgo, o París por atraer sociedades de valores o banca de inversión? Fráncfort está llamada a convertirse en la nueva City europea; París previsiblemente se movilizará en esa dirección después de las elecciones presidenciales que se celebran, en primera vuelta, el próximo día 23 de abril; Luxemburgo ofrece ventajas fiscales difícilmente mejorables. España no puede competir con estas plazas ni en facilidades fiscales, ni en agilidad burocrática, ni en el empleo del inglés. Ofrecer como valor añadido el sol, la playa, y lo bien que se come, difícilmente convencerá al presidente de una empresa que tiene que decidir por la ciudad a la que enviará a sus empleados a trabajar.
Y es posible que España no sólo esté errando el tiro al apuntar a la City, sino que además esté disparando con pólvora mojada. Polly James, socia del despacho británico Berwin Leighton Paisner, fue muy clara ayer jueves cuando en una jornada organizada en Madrid por Deloitte, respondió a la pregunta de si en Londres se están notando los intentos de la Administración española por atraer entidades financieras: "No, no se está notando", dijo. "Otros países están haciendo más", añadió.
España no puede competir con Fráncfort, Luxemburgo o París ni en facilidades fiscales, ni en agilidad burocrática, ni en el empleo del inglés
"Brexit means Brexit", subrayó ayer en la jornada organizada en Madrid Andrew Hockley, socio de Berwin Leighton Paisner. Hay que asumir la desconexión entre Reino Unido y la Unión Europea, así lo decidieron los británicos en referéndum y así se hará. Ni Brexit duro ni Brexit blando, Brexit means Brexit. Y esto va a suponer una revolución en las relaciones comerciales entre Reino Unido y el resto del mundo.
Los productos y servicios que Reino Unido vende al exterior afrontan un incremento de los precios de producción por la subida de los aranceles e impuestos que impondrán el resto de países. Y esto llevará a compañías británicas a plantearse instalar fábricas y sedes en otros países europeos. Especialmente afectada se verá previsiblemente la industria automovilística británica. Aquí España puede competir con cualquier otro país, tanto en lo referido a la logística (puertos, carreteras, red ferroviaria) como en la preparación y moderación salarial de sus trabajadores. Además, España ofrece otro valor añadido, su especial relación comercial con Latinoamérica (no así con Asia), y con el norte de África.
España ofrece otro valor añadido: su especial relación comercial con Latinoamérica y con el norte de África
Santiago Hurtado, socio de Deloitte, expuso otra sorprendente ventaja competitiva que España podría ofrecer a las compañías británicas. El caso de Abengoa, una multinacional que lo tenía todo para protagonizar el mayor concurso de acreedores sucedido en España, ha llamado la atención fuera de nuestras fronteras. Aunque expertos en materia concursal critican el proceso de la multinacional energética -se ha evitado la declaración de concurso permitiendo una inusual negociación entre la compañía y sus principales acreedores-, el mensaje recibido es que la ley concursal española es parecida a la británica.
La normativa mercantil de Reino Unido contempla el scheme of arrangement, un acuerdo de reestructuración financiera que evita la quiebra. Compañías españolas como Metrovacesa o Codere acudieron en su momento a la legislación británica para negociar una reestructuración de la deuda que evitó su entrada en concurso de acreedores. Ahora, las compañías británicas, gracias a Abengoa, podrían considerar que España tiene un sistema similar al suyo, y que no existe en ningún otro país europeo.
El cartel de Sol, playa, fiesta... posiblemente no sea válido para convencer al presidente de un banco de inversión británico de trasladar su compañía a España. Pero sí que lo es para aquellos británicos que opten por disfrutar de su jubilación en otro país, o para estudiantes, o, simplemente, para turistas. A estos colectivos les preocupa ahora que tras el Brexit no puedan seguir disfrutando, por ejemplo, de las mismas prestaciones sanitarias que hasta ahora tenían en España. O que se dificulte la posibilidad de adquirir una vivienda, o de asistir a un determinado colegio o a una universidad. La economía española se vería beneficiada si se facilitaran a estos colectivos las condiciones para viajar y vivir en el país.
Quizá sea hora de plantearse si los esfuerzos de la Administración española por aprovechar las ventajas que pueda tener el Brexit deban estar dirigidos en otra dirección distinta de la actual. Menos City y más fábricas.
