España está en el 'Top 3' de la inseguridad jurídica a nivel mundial. Ni Egipto ni Uganda ni Pakistán ni Uzbekistán ni muchísimos otros países que reciben inversión extranjera están por delante de España en cuanto al número de demandas por arbitraje presentadas ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi).
Y todo se debe al cambio en las reglas del juego a mitad de partido aplicadas por el último Gobierno de Zapatero, en menor medida, y por el actual Ejecutivo de Rajoy en el sector renovable.
Según los datos actualizados del Ciadi, España cuenta ya con 19 procesos arbitrales abiertos tras otras tantas denuncias de inversores afectados por la inseguridad jurídica de nuestro país y las sucesivas modificaciones en la normativa y regímenes retributivos de las energías renovables.
De todas los arbitrajes en marcha, 18 son por demandas de inversores en energías renovables y uno por cuestiones inmobiliarias
De todas estas demandas arbitrales, sólo una ellas no es por causa de los recortes a las energías verdes (hay una denuncia presentada por cuestiones inmobiliarias).
Sólo Argentina y Venezuela, países en los que sus respectivos gobiernos se han hecho famosos por expropiar y renacionalizar activos a inversores extranjeros y por cambiar leyes de forma discrecional en favor del Estado, superan a España en este triste ranking.
Hace unos días fue el grupo alemán E.ON, que ha abandonado España este año al vender todos sus activos energéticos, el que presentó la demanda número 18 contra el Reino de España por cambiar la regulación sobre las renovables.
Desde 2013, todos estos inversores internacionales se han rebelado contra la política antirrenovable de Rajoy y su ministro de Industria, José Manuel Soria, llevando ante el organismo dependiente del Banco Mundial sus demandas: RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation y la portuguesa Cavalum.
La reforma eléctrica aprobada por el Ejecutivo en 2014 y el hachazo renovable para recortar 3.000 millones de euros en la retribución que recibían los promotores e inversores renovables ha provocado esta avalancha de demanda fuera de nuestras fronteras.
La 'marca España' está sufriendo un desprestigio consecuencia de estar a la altura de Argentina y Venezuela en inseguridad jurídica a nivel mundial
Además de ante el Ciadi, España también se tendrá que defender de una demanda en Uncitral (organismo dependiente de la Organización Mundial de Comercio) presentada por PV Investors, y de otras tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo (los denunciantes son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment).
Los demandantes son empresas y fondos internacionales que acudieron a España atraídos por las atractivas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, que en los últimos años alcanzaron los 9.000 millones de euros en el conjunto del sector de la energía verde, cogeneración y residuos.
El fulgurante e imprevisto desarrollo de algunas tecnologías (fotovoltaicas y termosolares) creó una burbuja provocada por la avalancha de inversores que tomaron posiciones para cobrar la suculentas primas aseguradas por el Estado por 25 años.
La burbuja explotó, desbocó el déficit de tarifa y ha elevado el recibo de la luz que pagan todos los consumidores a los niveles más altos de la Unión Europea.
El último Gobierno de Zapatero ya metió un rejonazo a la retribución a las plantas fotovoltaicas. Y durante la legislatura que está a punto de acabar, el actual Ejecutivo ha dado la puntilla a los inversores solares, pero también ha asestado duros recortes a la eólica y la cogeneración, principalmente.
Los cambios normativos aplicados en los últimos dos años han sido los que han provocado el cúmulo de demandas internacionales. Pero de puertas adentro, en el Tribunal Supremo están en marcha más de 400 recursos contra esos cambios normativos, además de un buen número de demandas ante el Constitucional presentadas por comunidades autónomas afectadas por los ajustes.
Las demandas ante el Ciadi no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias recortes en la retribución.
